La decisión del Tribunal Supremo de no entrar a valorar los recursos planteados en su día por el PP y Vox contra la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, alegando que esos partidos no están legitimados para cuestionar el nombramiento, merece el respeto y acatamiento propios de toda resolución judicial. Se comparta o no el fondo de la cuestión, y es notorio que no todos los magistrados lo comparten, lo cierto es que queda avalada la legalidad de la designación de Delgado. De este modo, el Gobierno se sacude de encima un problema que pendía sobre Pedro Sánchez desde el mismo instante en que decidió que su ministra de Justicia pasase a ser fiscal general sin solución de continuidad. Y todo, sin que el Supremo haya tenido que desgastarse, ni romperse, para decidir si realmente Delgado cuenta con el marchamo de imparcialidad exigible a su cargo. Es evidente que no es así, pero ya nunca lo sabremos por boca del Supremo. Le ha bastado con argumentar que el PP y Vox no podían recurrir esa decisión personal de Sánchez, el mismo que dijo en una entrevista: «¿De quién depende el fiscal general? Pues ya está». Ese «pues ya está» es lo que ha avalado el Supremo sin siquiera mojarse.
Cabe preguntarse por qué dos partidos, en su responsabilidad de fiscalización del Gobierno, no están legitimados para impugnar un nombramiento así. Si hubiese sido una asociación de fiscales o algún colectivo jurídico, la legitimidad habría estado clara. Que un partido no lo esté debe forzarnos a reflexionar por qué queda tan restringido su ámbito de actuación jurídica frente a una arbitrariedad del Gobierno, que además afecta seriamente a la autonomía de quien tiene la obligación de defender el interés público. Nunca es buena la politización de la justicia ni la utilización abusiva de los Tribunales por parte de los partidos para hacer oposición. Pero la decisión de Sánchez con Delgado fue tan burda y carente de apariencia de imparcialidad que resulta incomprensible hurtar a un partido el derecho a defender en los tribunales su propio criterio del interés público.
Desde una perspectiva formal, nadie puede discutir que Delgado cumple todos los requisitos. Es jurista y lleva más de quince años de ejercicio. Pero desde una perspectiva de fondo, nunca había habido un fiscal general que unas semanas antes de serlo protagonizase mítines pidiendo el voto para Sánchez a voz en grito, declarándose una ferviente socialista, y atacando a la derecha. Un fiscal así no tiene muchos visos de demostrar imparcialidad ni autonomía. De hecho, Delgado siempre fue la ministra más ‘hooligan’ de Sánchez, y eso es -tenía que haber sido- incompatible con una carrera jerárquica en la que ella, pese a estar contaminada, tiene la última palabra sobre cualquier decisión de la Fiscalía. Por eso, aunque jurídicamente el fallo es respetable, políticamente la situación de Delgado es insostenible.
Argumentos tanto para reafirmar a Delgado como para anular su nombramiento había de sobra. Sin embargo, queda ya asentada una doctrina según la cual ningún presidente tendrá que esforzarse demasiado en maquillar la cacicada de situar a un subordinado obediente al frente del Ministerio Público. Jurídicamente, el Supremo avala esta patente de corso. Después, el poder judicial ya no podrá quejarse demasiado de que cualquier gobierno controle a distancia a una parte esencial de nuestra justicia. Además, es imposible no sospechar que una salida abrupta de Delgado habría obstaculizado de nuevo que PSOE y PP renueven el TC o el CGPJ. Con Delgado en su cargo, todo queda en paz. Los jueces han tenido la oportunidad de atajar el servilismo y la han desaprovechado.
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