PSOE y Unidas Podemos impusieron ayer su mayoría en la Mesa del Congreso y mantuvieron en su escaño a Alberto Rodríguez, diputado morado condenado por agredir a un policía, con el voto en contra de PP y Vox. Este proceder, someter a votación una sentencia de la Sala Segunda del Supremo, no dejó de causar sorpresa en el Alto Tribunal, según reconocieron a ABC fuentes de este órgano. Recuerdan que la Sala ya rechazó el recurso de aclaración presentado por Rodríguez sobre los términos de su sentencia porque se consideró que estaba suficientemente clara: la sentencia sustituyó la pena de prisión por multa sin que la inhabilitación se viera afectado por ello.
Las mismas fuentes señalan que el Supremo estudiará ahora el informe elaborado por el secretario general del Congreso, Carlos Gutiérrez Vicén, y a la vista de su contenido adoptará una decisión. Si el Alto Tribunal decide actuar tiene dos vías. Puede pedir al Congreso explicaciones de oficio sobre la ejecución de la sentencia o puede ir más allá y requerir a la Cámara Baja para que ejecute su fallo. Esta segunda vía es más delicada y difícil de plantear puesto que si el Congreso desoyera al Supremo, la cuestión podría desembocar en un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. Un supuesto que nunca se ha dado en la historia de la democracia, señalan fuentes jurídicas.
Voto particular de Pastor
El informe de Gutiérrez Vicén, de doce páginas y adelantado ayer por ABC, se alinea con las tesis de Unidas Podemos y defiende que no cabe retirar a Rodríguez su condición de diputado porque ha pagado la sanción que sustituía a la pena de cárcel y que esto elimina también la pena accesoria de inhabilitación. «La sustitución no es ya una forma de ejecución de la pena sino de aplicación de la misma», subrayan, defendiendo que «viene a tranformar la pena principal desde su origen». «No cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado», añade, «no concurriendo ni la causa de incompatibilidad sobrevenida» contemplada en la Ley Electoral «ni ninguno de los supuestos» que el Reglamento del Congreso establece para suspender los derechos de un parlamentario o retirarle esta condición, señala un dictamen que no comparten todos los letrados de la Cámara.
La vicepresidenta segunda del Congreso, la popular Ana Pastor, emitirá un voto particular recogiendo todos los argumentos jurídicos por los que rechaza el informe de Gutiérrez Vicén. Además, ha considerado que al existir discrepancias tan fuertes, la Mesa debe pedir al Supremo una aclaración del auto de ejecución de sentencia y ha solicitado la intervención de la Junta Electoral Central.
De cacicada a chanchullo
Aunque el Supremo estudie la decisión de la Mesa de la Cámara Baja de oficio, también va a ser interpelado por PP, Vox y Ciudadanos. La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, anunció ayer que comunicará al TS la decisión de la Cámara Baja «para que tenga conocimiento» de ella, haciendo hincapié en que una sentencia no puede someterse a interpretación sino a ejecución y que la Mesa ha actuado de manera que «no le corresponde». «La inhabilitación no puede quedar en manos de una Mesa y de las mayorías parlamentarias», dijo, recordando que se trata de una decisión jurídica y no política.
El PP no es el único partido que se mueve para intentar evitar que Alberto Rodríguez conserve su escaño. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, anunció ayer que su grupo pedirá al Tribunal Supremo que intervenga y se pronuncie sobre lo que consdieró una «cacicada» de PSOE y Unidas Podemos. «Este agresor de policías no puede seguir aquí ni un minuto más. Es intolerable», consideró tras participar en la Junta de Portavoces.
También Ciudadanos tiene previsto actuar. La formación naranja no está representada en la Mesa del Congreso pero su portavoz, Edmundo Bal, anunció que peleará porque «este chanchullo» no «se mantenga». Su plan es pedir a la Fiscalía «que abra un incidente de ejecución en la Sala Segunda dado que es esta propia sala del Tribunal Supremo la que es competente para conocer si la sentencia que ha dictado se encuentra bien o o mal ejecutada por aquellos que tienen la obligación de llevarla a efecto».
Presión sobre la Junta
Además, los tres partidos conservadores están actuando ante el otro órgano que tiene voz en este caso: la Junta Electoral Central (JEC). Ya el lunes por la tarde los populares remitieron un escrito a este órgano reclamando que intervenga y declare la causa de inelegibilidad sobrevenida de Alberto Rodríguez. El mismo movimiento ha realizado Vox, según anunció ayer Espinosa de la Monteros, y también Bal consideró que la Junta Electoral debe pronunciarse sobre «si existe o no existe» causa sobrevenida de inelegibilidad y, por tanto, la pérdida de condición de diputado en este caso. La formación naranja dirigirá en breve un escrito a este órgano.
La JEC aún no tiene fecha prevista para reunirse y fuentes de este órgano explicaban el lunes que su demora obedecía a esperar al pronunciamiento de la Mesa del Congreso. Ahora, examinará el informe jurídico antes de debatir el asunto, por lo que no se espera que se reúna de forma inmediata. Gutiérrez Vicén, como secretario general del Congreso, es el letrado que asiste a la Junta Electoral y es de esperar que mantenga el criterio defendido ante la Mesa de la Cámara Baja. Sin embargo, no redacta las resoluciones de la JEC y su criterio tiene mucho menor peso en este órgano, compuesto por magistrados. De hecho, han sido varias las veces en las que la Junta Electoral se ha apartado del criterio del secretario general del Congreso.
Celebraciones y aplausos
Mientras los partidos conservadores anunciaban medidas para enmendar la decisión de la Mesa, PSOE y Unidas Podemos defendían su actuación conforme a la legalidad, vitoreados por sus socios y, en especial, por el independentismo catalán.
Tanto el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, como el de Unidas Podemos, Pablo Echenique, consideraron que el Congreso ha cumplido la ley, con el dirigente morado calificando la sentencia del Supremo como «clarísima». «Jamás se habla de la inhabilitación ni nada por el estilo», subrayaba, pasando por alto que el diputado canario pidió una aclaración de la sentencia al Supremo y que posteriormente tanto él como su grupo presionaron a la Mesa pidiendo que diera por cumplida la condena con el pago de la multa. Desde Compromís, Joan Baldoví llegó incluso a poner en duda que el diputado morado realizara la agresión por la que ha sido condenado, en tanto que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ofreció «todo» su apoyo y utilizó el caso para volver a atacar a la Justicia española considerando que los magistrados están instaurados en el «a por ellos», hacia el independentismo y la izquierda radical.
Tanto desde Junts, Miriam Nogueras, como desde la CUP, Mireia Vehí, o el PDeCAT, Ferrán Bel, acusaron al Supremo de atacar a los derechos de los diputados recordando que Francesc Homs o los condenados por el 1-O fueron apartados de sus escaños. Todos ellos esperan que la actuación de la Mesa de ayer sirva de precedente. Y mientras, el diputado morado mantiene su agenda: prepara ya su intervención del jueves en el pleno para defender el decreto de ayudas a La Palma.