Sánchez y sus socios dejan sola a Díaz con su propuesta de amnistiar el ‘procés’ desde 2013

Sumar presentó este martes en Barcelona el dictamen que Yolanda Díaz encargó en verano a un grupo de juristas para elaborar una ley de amnistía que acelerara las negociaciones para la investidura. Un documento esperado porque la vicepresidenta segunda en funciones llevaba meses defendiendo que el borrador estaba llamado a ser clave en las conversaciones, aunque posteriormente su condición ha ido rebajándose hasta convertirse, como explicaron desde la formación el pasado lunes, en «una guía» para ayudar en la futura redacción de la proposición de ley. Lo cierto es que, a la postre ha acabado desdeñado por los socios del Gobierno y opacado por la estrategia de «discreción total»que, a su vez, mantiene el PSOEcon las formaciones independentistas.

Ejemplo de ello es la postura defensiva que Esquerra adoptó ante el acto de Sumar al advertir a la coalición de izquierdas que la amnistía es «un tema negociado y en todo caso pendiente de detalles técnicos» –una declaración que negaron desde el PSOE–. Así lo expresó horas antes la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrá, que afeó a Sumar celebrar un acto público para presentar su dictamen jurídico sobre la amnistía. «Hay que hablar en la mesa de negociación, porque es donde tenemos que llegar a acuerdos. No me parece que la mejor manera de contribuir a la negociación sea un acto público», señaló en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu.

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, dijo no entender «a qué viene» que Sumar anuncie su propia propuesta para una ley de amnistía para los encausados por el proceso independentista catalán, pues considera que esto deberían resolverlo Junts y ERC con el candidato Pedro Sánchez. «Son ganas de ser el perejil en todas las salsas», comentó irónicamente. El representante de los nacionalistas vacos admitió también no tener «mucho interés» en la propuesta de Díaz.

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Más amable con el documento se mostró el exconseller Toni Comín, que se encuentra huido en Bélgica junto a Carles Puigdemont desde 2017. Interlocutor de Junts con Sumar en las conversaciones para la investidura, valoró el papel del partido de Díaz en la negociación. «Ayuda, ya que abre el camino que el PSOE acabará transitando», dijo en Catalunya Ràdio.

Entre los 250 asistentes que llenaron el Ateneo barcelonés, se encontraba un potencial beneficiado por la medida de gracia, el exconseller de Interior durante el 1-O, Joaquím Forn, indultado por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021. También estaban entre el público la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau y la propia Díaz, que no intervino en el acto el acto y se limitó a ser mera espectadora del mismo.

El encargado de desgranar las líneas maestras del documento para la amnistía de Sumar fue, en cambio, el exdiputado de los comunes Jaume Asens, que el 24 de julio, un día después de las generales, ya recibió el encargo de Díaz para encabezar las negociaciones con Junts y ERC. Este martes defendió la idoneidad de presentarlo en un acto público, en respuesta a las críticas de los republicanos «para contribuir al debate público».

«Oportunidad histórica»

Para Asens, la amnistía es «una oportunidad histórica» que «no plantea problemas de carácter constitucional». Un argumento que se encargaron de repetir algunos de los cinco firmantes del dictamen: Nicolás García Rivas, de la Universidad de Castilla-La Mancha; Antoni Llabrés Fuster, de la Universitat de les Illes Balears; Javier Mira Benavent, de la Universitat de València; Guillermo Portilla Contreras, de la Universidad de Jaén; y Rafael Rebollo Vargas, de la Universitat Autónoma de Barcelona.

Estos enmarcan la amnistía en una «segunda fase de la política despenalizadora» del ‘procés’ tras los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 a los líderes políticos condenados por el mismo y justifica su adopción por «la desproporcionalidad de algunas decisiones judiciales». La medida abarcaría temporalmente una década: desde enero de 2013, cuando el Parlament aprobó una declaración de soberanía, hasta el 17 de agosto de 2023, fecha en la que se constituyó en el Congreso en la actual legislatura.

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