Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado a primera hora de la mañana en sedes de Acciona en … Madrid y Bilbao en busca de pruebas de las supuestas mordidas de la compañía a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Los allanamientos han sido ordenados por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, instructor de la pieza sobre los supuestos amaños de obra pública por parte de la trama corrupta que salpica al PSOE.
Según han informado responsables de la investigación, este operativo se desarrolla en el marco de una «pieza secreta» abierta por Puente a instancias de la UCO y que incluye meses de seguimientos y escuchas. En esta misma pieza está en el foco las firmas guipuzcoanas Noran y Erkolan, donde también se han personado esta mañana los agentes del instituto armado. Servinabar 2000, la empresa que poseía a mitad de manera opaca Santos Cerdán, transfirió hasta 258.000 euros durante cuatro años a la cooperativa Erkolan. La empresa de Cerdán desvió otros 732.000 euros entre 2016 y 2024 a la cooperativa Noran. Erkolan y Noran domicilio fiscal en el barrio donostiarra de Igara.
Los funcionarios de la UCO el pasado junio, cuando allanaron el resto de empresas implicadas en esta causa (Obras Públicas y Regadíos, Levantina Ingeniería y Construcción y Servinabar 2000) solo pidieron documentación a la firma de José Manuel Entrecanales, cuyo nombre viene citado más de 200 veces en el informe de la UCO que el pasado junio provocó la dimisión y posterior encarcelamiento de Santos Cerdán, acusado de ser el presunto cabilla de la red corrupta que venía operando desde la época de político navarro en la Comunidad Foral.
En el auto en el que el pasado 30 de junio Leopoldo Puente mandó a la cárcel a Cerdán el magistrado citaba en seis ocasiones a Acciona. El juez aseguraba que esta multinacional «actuando en UTE con otras de menor envergadura», representaba el «elocuente denominador común» de la trama. Puente ya avisó entonces que las pruebas que obran en esta causa apuntaban a que Acciona y la otras empresas con las formó UTE nunca presentaron «la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva».
Los agentes de Antonio Balas Dávila, el teniente coronel de la Guardia Civil que dirige el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, la sección más compleja y amplia de la UCO, sospechaba desde hace tiempo que Cerdán cobró mordidas por facilitar que Acciona ganara más de una decena de concursos de infraestructuras. Acciona pagó a la mercantil del exmano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE hasta el pasado verano, Servinabar 2000 SL, más de 6 millones de euros.
El exempleado Merino
El pasado junio, cuando los informes de la UCO ya situaron en el centro del epicentro de las investigaciones a Acciona, el propio José Manuel Entrecanales salió a la paso para negar la implicación de su compañía en la trama y cargar la responsabilidad en su exempleado ya imputado Fernando Merino.
«Nos duele profundamente el impacto reputacional que estas informaciones pudieran tener, tanto sobre nuestra compañía como sobre los más de 66.000 empleados en 40 países que cada día desarrollamos nuestro trabajo con ilusión, esfuerzo, compromiso y la más absoluta integridad y rigor», señaló el también CEO de la compañía.
Entrecanales, cuyo grupo familiar posee casi el 60% de las acciones de Acciona, enmarcó los hechos investigados «en la conducta de un exempleado de una filial del grupo – Acciona Construcción – que fue despedido en 2021 por pérdida de confianza por parte de sus superiores jerárquicos, sin llegar a tener entonces constancia alguna sobre posibles actuaciones irregulares», dijo en referencia sin nombrarlo a Fernando Merino, al que no conoció de nada en su momento.
«Este exempleado -añadió- actuaba con la autonomía propia de su responsabilidad en una organización descentralizada y tenía la autoridad sobre contratos cuyo volumen agregado, sin restar importancia a su cuantía, representa un importe muy pequeño en comparación con el volumen total de actividad del negocio de construcción». En concreto, solo en Navarra son seis contratos por unos 86 millones de euros entre 2017 y 2024.
Enlace de origen : La UCO registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao en busca de pruebas de mordidas del 'caso Ábalos-Cerdán'