La SGAE ha llevado a los tribunales a cuatro ayuntamientos en 2025 por derechos de autor

La SGAE es tenaz y reclama lo que por ley le corresponde. Sus tarifas son públicas y abarcan prácticamente todos los ámbitos de la vida pública. Desde actos políticos a ambientación musical en sexshops pasando por discotecas, municipios, aeropuertos, hospitales, bares, estaciones de servicio, bailes regionales, bingos…

Tratar de eludir esa responsabilidad cuando se utilizan obras sometidas a derechos de autor resulta complicado porque la SGAE vigila con celo su uso, para lo que emplea inspectores que no dudan en desplazarse a locales de ocio, recintos de cualquier tipo o localidades para saber si se cumple. A veces no necesitan ni eso, especialmente en el caso de los municipios, que pregonan sus actos. Si en una localidad hay una verbena, un pasacalles, una charanga o incluso la actuación de un mago, lo más probable es que la SGAE lo sepa y o bien se ponga previamente en contacto con la entidad o bien, a posteriori, envíe la minuta correspondiente.

Aunque en ocasiones existe una confrontación entre la visión de unos y otros que puede acabar en los tribunales. Solo en el presente año, en cerca de una veintena de ocasiones los representantes de la SGAE han acudido al Palacio de Justicia para defender sus intereses. Bares o centros de ocio son los demandados más habituales. Pero este año cuatro ayuntamientos riojanos han sucumbido al mandato legal que ampara a la Sociedad General.

Medrano, Anguciana, San Millán de la Cogolla y Anguiano han abonado más de 15.000 euros tras unos procesos o en los que o bien aceptaron pagar o bien no comparecieron. El motivo siempre era idéntico: la reproducción de música sometida a derechos de manera no autorizada en eventos organizados por el municipio, ya que el promotor es el responsable.

Todos saben que pelear con el gigante resulta imposible porque la Ley de Propiedad Intelectual es clara. «Intentamos plantar batalla porque no lo vemos justo», reconoce Gemma López, alcaldesa de Anguiano. «Es David contra Goliat. Cogen el programa de fiestas y estiman lo que les debemos. ¿Cómo voy a pagar yo a la SGAE si la orquesta ya paga? Respetamos los derechos de autor, pero no es lógico», incide López, que reconoce que al final le tocó «claudicar» y abonar 4.700 euros pendientes de cuatro anualidades.

Algo menos onerosa fue la factura que aceptó pagar San Millán de la Cogolla, aunque se arrastraba desde hacía años. El primer edil Ismael Maestro al principio intentó echar balones fuera, pero acabó pagando. «No tenemos margen de maniobra. Parece que tienen ojos y oídos en cada esquina. Valoran el coste y, dependiendo del tipo de actuación o evento, hay que pagar entre el 7 y el 11%», explica Maestro. En su caso fueron 2.600 euros debido a los retrasos.

En Anguciana las facturas también se acumulaban hasta superar los 3.400 euros. «Creemos que se paga por el mismo concepto varias veces. Pagamos porque la Justicia avala a la SGAE, pero no sé si es ético», señala su alcalde Jorge Loyo.

En Medrano, el proceso se cerró con el abono de casi 4.300 euros después de que en 2021, año aún pandémico, tras la actuación de un cantautor se les conminase a pagar toda la tarifa simplificada anual. «Nos negábamos y los dos años siguientes, por cabezonería, dijimos que no, mientras intentábamos solucionar lo de 2021, porque nos parecía injusto. Pero con la ley en la mano la SGAEtiene razón, así que al final hemos pagado los cuatro años juntos», indica Jesús Pérez, alcalde de la localidad.

Trabas

Los mandatarios de los pequeños municipios consideran que esos gastos representan trabas para animar la vida cultural y festiva en localidades con pocos habitantes. Fuentes de la SGAE explican que, desde hace años, existe una tarifa plana a disposición de los municipios pequeños vinculada a la población: 334 euros para pueblos de hasta 75 vecinos; 541 para los de 76 a 150; 719 euros para los de 151 a 250… y así sucesivamente hasta 3.170 euros al año para los de entre 2.001 y 3.000. Estas se pueden ver reducidas hasta más de un 40% en algunos casos si el Consistorio se compromete a pasar a la Sociedad previamente la programación cultural y se abona en un único plazo. Una tarifa simplificada que no ha sido bien recibida en La Rioja. Según datos de la SGAE, en 2024, de los 136 municipios de menos de 3.000 habitantes solo 24 contaban con esa ‘tarifa plana’, es decir, el 15% cuando la media nacional se situaba en el 50% y en Baleares o la Comunidad Valenciana superaba el 70%.

«Lo miramos, pero al final del año nos salía peor», indica Loyo. «Nos han llamado ofreciéndola, pero no nos sale a cuenta», abunda Maestro. Así que, de momento seguirán pagando el 7% de la actuación de una charanga «de la que ellos valoran el coste» o el 11% de una orquesta. Por ejemplo, Medrano sí se ha adherido. «A nosotros nos parece más barato y cómodo», dice Pérez.

Pero la incomodidad es la tónica general. «Tendrían que darle una vuelta porque es un problema común. Hacemos encaje de bolillos para dinamizar la vida del pueblo, apostamos por la música en directo… Y al final acabas recibiendo una factura que te descuadra. Tenemos las mismas obligaciones que un municipio grande pero con menos recursos, menos personal…Hacemos las cosas más por voluntad que por medios», añade Gemma López.

A nivel nacional (SGAE no ha facilitado los datos desagregados por comunidades), en 2024 alcanzó su récord de recaudación, que ascendió a 390 millones, de los que se repartieron 349 millones entre los autores.