En el Ministerio de Infancia y Juventud que dirige Sira Rego se están diseñando grandes líneas de actuación en materias tan diversas como la lucha contra la pobreza infantil, los entornos digitales seguros, la reducción de la edad mínima para el voto o la creación … de una renta universal para la crianza. Sin embargo, la imparable llegada de migrantes, muchos de ellos menores, a Canarias, Ceuta o Melilla ha provocado que la atención a estas más de 5.000 personas se haya convertido en un problema de Estado y también en un motivo de refriega política. Rego apuesta por una modificación de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros, aunque hasta su llegada deba ponerse en marcha «un mecanismo excepcional basado en la solidaridad», que se ha encontrado la oposición de diversas comunidades.
– El reparto de menores no acompañados genera una enorme polémica. ¿Qué se puede hacer?
– Hemos defendido una reforma estructural porque el fenómeno migratorio ha cambiado, no es puntual y es dinámico. Están llegando muchos niños no acompañados y contamos con un sistema que dice que las comunidades autónomas deben proteger a los menores en situación de desamparo. Los migrantes llegan a las comunidades que son frontera y esto exige una reflexión colectiva como país. El Gobierno de España debe asumir una parte de la responsabilidad, pero de la mano de las comunidades autónomas.
– ¿Cómo se puede actuar?
– No valen las soluciones que hemos aplicado hasta ahora, por eso hay que adecuar el marco normativo a esta nueva realidad. De ahí la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, para dar cabida a un sistema de acogida vinculante y solidario, que permita trasladar menores, con criterios acordados, a todas las comunidades. Desde el Gobierno vamos a poner recursos financieros, ese no va a ser un problema. Hemos hecho un esfuerzo por mejorar la financiación de las autonomías y creemos que, en una competencia propia como la acogida de niños en desamparos, deben ser corresponsables.
– Pero actualmente hay más de 5.000 menores en Canarias y Ceuta en situación en ocasiones de hacinamiento.
– Es un desafío al que hay que dar respuesta. Mientras negociamos y llegamos a un acuerdo para la reforma de la ley, planteemos algún mecanismo excepcional que permita sacar a estos niños de Canarias y Ceuta. Y ahí creemos que debe estar la solidaridad de las comunidades autónomas. Hablaremos de la propuesta de Euskadi y Canarias que abordaremos el 13 de febrero, pero también de un plan estratégico de acompañamiento a la infancia migrante no acompañada y de sentar las bases de un grupo de trabajo colaborativo, que sería el tercer mecanismo.
– Esa actuación excepcional ha encontrado rechazo de varias comunidades. La Rioja aceptó ocho migrantes. ¿Es un reparto equitativo y equilibrado?
– Nosotros planteábamos un sistema de acogida relacionado con los habitantes de cada territorio, creemos que es un criterio equilibrado que se usa también para otros servicios públicos, un sistema proporcional. No vemos mal propuestas con otro tipo de reparto, pero al final debe ser muy similar. Y es verdad que La Rioja debe hacer un esfuerzo mayor.
– En un primer momento se habló de más de 200 menores para La Rioja y va a acoger ocho…
– Tendría que hacer ese esfuerzo mayor para que sea simétrico al de otras regiones. No estamos pidiendo a ninguna comunidad más que a otra. Entendemos que los sistemas de acogida pueden no estar dimensionados, pero hay un margen de adaptación y habrá financiación para dimensionarlos. Pero nos hemos encontrado con comunidades del PP refractarias a acoger a menores.
– Para redimensionar esos servicios hay que tener una voluntad. ¿No se puede imponer desde el Ministerio?
– No se puede imponer salvo que se reforme el artículo 35 de la Ley de Extranjería, en cuyo caso quedaría regulado un modelo de equilibrio territorial vinculante y solidario. A partir de ahí el criterio de asignación de plazas tendría que aprobarse por las comunidades. Estamos creando un sistema muy garantista, pero el problema, a mi juicio, es que están operando cuestiones de fondo que tienen más que ver con intereses partidistas que con los derechos de la infancia. Al problema se le podía haber dado salida cuando todavía no era un problema, pero se ha acrecentado por la inacción política.
– La Rioja ha defendido que es un problema de Estado que se les ha trasladado.
– La competencia de la tutela de niños y niñas en desamparo la tienen las comunidades. El debate de fondo es cómo se gestiona para garantizar los derechos de esos menores no acompañado y la sostenibilidad del sistema. Hay que afrontar un fenómeno que ha cambiado. Resituemos y reformemos la ley y esto nos permitirá avanzar.
– La Rioja cuenta con un sistema de acogida y tutela personalizado, tras cerrar un centro residencial y apostar por pisos. ¿Supone eso que la acogida deba ser limitada?
– Necesitamos un esfuerzo para desinstitucionalizar a los menores y plantear opciones como la acogida familiar, los pisos tutelados… Es el camino. Pero también debemos ser capaces de dar respuesta a situaciones de emergencia. Tendremos la máxima empatía y coordinación para plantear propuestas de transición. Esto es una cuestión de dotación económica, y recursos habrá, y de prioridad política.
– Además de en la acogida, han puesto el foco en el incremento de la pobreza infantil, que en La Rioja crece y llega al 25%. ¿Es un problema que no queremos ver?¿Está faltando voluntad?
– Existe y es algo estructural, pero está invisibilizado, no forma parte de la conversación del país. Para resolver el problema todos (ayuntamientos, comunidades y Gobierno central) debemos tomar medidas y, sobre todo, hablar. No podemos permitirnos el lujo de mantenerlo en la invisibilidad. La pobreza infantil es el reflejo de la parte de la población más vulnerable. Somos la cuarta economía de la Unión Europea, con un crecimiento económico espectacular y no es tolerable mantener esas brechas de desigualdad. Y eso exige tomar medidas.
– ¿No se habla de la pobreza porque no da votos?
– El Consejo Económico y Social señalaba esa invisibilidad. Somos una sociedad profundamente conmovida con la infancia, pero que no habla de los asuntos fundamentales de la infancia. Que exista un Ministerio de Juventud e Infancia facilita que esto se lleve a la agenda pública.
Infancia y tecnología
«Un mantra de las tecnológicas es que no se pueden poner puertas al campo, pero sí se puede regular»
Reparto de menores
«Hay cuestiones de fondo que tienen más que ver con intereses partidistas que con los derechos de la infancia»
Ayuda para la crianza
«La prestación universal de 200 euros al mes ampliará derechos. No hay razón para no abordarla»
Edad de voto
«Si a los 16 años pueden trabajar, también deben poder elegir qué se hace con los recursos que generan»
– Una de las medidas que barajan es la implantación de una prestación universal de crianza, con ayudas económicas desde el nacimiento hasta los 18 años. ¿Es una utopía o veremos avances en esta legislatura?
– Estamos trabajando para que sea posible a partir de los presupuestos de 2025. En España invertimos el 1,5% del PIB en políticas de infancia, cuando en Europa se llega al 2,4%. Esta prestación universal de 0 a 18 años de 200 euros mensuales supone ampliar derechos en nuestros país. Son medidas exitosas en otros países que van a mejorar la vida y que ayudarán a resolver esa brecha de desigualdad existente. No hay razón para no abordarla.
– Hay una razón, la económica. ¿Se han hecho cuentas?
– Sí y, por ejemplo, lo que nos cuesta la pobreza infantil quintuplica el dato de lo que sería la inversión en esta prestación. Sería una de las prestaciones que más retorno social y económico tendría y que más derechos garantizaría a un gran porcentaje de la población. No me gusta hablar en términos puramente economicistas, pero la pobreza infantil tiene un enorme coste
– ¿Una ayuda universal, independientemente de la renta, para ricos y pobres?
– Las personas ricas usan la sanidad pública o la educación pública. Los derechos deben ser universales y la fiscalidad tiene que ser justa y redistribuir recursos.
– También ha defendido la reducción de la edad de voto a 16 años. ¿Está más cerca?
– Sí. Es otra medida para ampliar derechos. Si chicas y chicos pueden trabajar con 16 años, también deben poder elegir qué se hace con los recursos que generan. Lo estamos trabajando, hemos tenido contactos con otras formaciones y vamos a intentar incluirlo en la Ley de Juventud.
«El entorno digital es un espacio público sin control democrático»
El Ministerio de Juventud e Infancia lanzó en diciembre un informe de expertos sobre entornos digitales seguros, que busca algo que a priori parece casi quimérico: controlar el uso de las nuevas tecnologías por los menores, con recomendaciones por franjas de edad. Sira Rego asegura que «uno de los grandes triunfos de las tecnológicas es el mantra de que no se le pueden poner puertas al campo, pero sí se puede regular, debe haber límites». «El entorno digital es un espacio público sin control democrático. Y está generando una enorme problemática en la infancia, con acceso al porno, a violencia extrema… Hay que regularlo», explica.
Reconoce que las leyes llegan hasta donde llegan y que el trabajo debe trasladarse al sistema educativo, pero sobre todo a las familias:«Como Gobierno podemos regular una parte, pero no otra. Sí que podemos generar una estrategia de acompañamiento a las familias para que tengan recursos a su alcance en el ámbito familiar, afectivo, educativo… que les permitan incorporándose con seguridad al entorno digital».
Esas medidas supondrían dar un giro a un sistema educativo que lleva años avanzando en el uso de las nuevas tecnologías desde épocas muy tempranas, cuando Rego reconoce que las recomendaciones de los expertos son «cero pantallas hasta los 6 años, hasta los 12 elementos muy concretos y con supervisión y a partir de los 12 con muchas restricciones».
«Vemos datos muy alarmantes. Por ejemplo, el acceso al porno en edades muy tempranas, porno que ni tan siquiera buscan, que les llega», abunda. «Es un problema en una etapa madurativa, en pleno desarrollo neurológico. El tener ‘inputs’ tan negativos puede modelar la personalidad, crear patrones de conducta, generar angustia… Como poderes públicos debemos garantizar el desarrollo de la infancia», concluye .
Enlace de origen : «La Rioja tendría que hacer un mayor esfuerzo en la acogida de menores no acompañados»