La reforma judicial exprés de Sánchez, en manos del Constitucional este jueves

El Tribunal Constitucional tiene en su mano, a partir de las diez de la mañana de este jueves, la reforma de la justicia que promueve el Gobierno. La corte de garantías se ve en la disyuntiva de dirimir si en el pleno extraordinario convocado hoy en el Congreso de los Diputados para aprobar la reforma del Código Penal prospera o se suspende la votación de las dos enmiendas con que Unidas Podemos y el PSOE quieren cambiar el método de renovación de los magistrados del Constitucional en las ocasiones, como la actual, en que haya transcurrido el plazo reglamentario para realizar su renovación; y forzar esta con un mecanismo con reglas más laxas, plazos tasados y la posibilidad de que los vocales del Consejo del Poder Judicial díscolos tengan incluso que asumir responsabilidades penales en caso de no respetar el procedimiento.

El Constitucional se ve en esta circunstancia a petición del PP, que presentó este miércoles un recurso de amparo con la petición al tribunal de que se pronuncie antes de que tenga lugar este jueves la votación de la reforma del Código Penal. El contenido esencial de esa reforma es la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados, pero al que se han incorporado, vía enmiendas, la rebaja de la malversación, la creación de la figura del enriquecimiento ilícito o los cambios en materia judicial impugnados ahora por los populares.

En su recurso al TC y como medida cautelarísima, de carácter muy excepcional, el PP reclama la suspensión de la tramitación de las propuestas en materia de justicia de los dos grupos parlamentarios que dan soporte al Ejecutivo, Unidas Podemos y el PSOE. A última hora de la tarde de este miércoles, el TC confirmó que se reunirá en pleno extraordinario y de urgencia a las diez de la mañana de este jueves, tiempo suficiente dado que la votación que el líder de la oposición quiere frenar está prevista para la tarde. La ponencia corresponde a Enrique Arnaldo, un magistrado que aterrizó en el Constitucional de la mano del PP tras el único pacto sellado con el Gobierno para actualizar los órganos constitucionales.

«Inconstitucionales»

El PP da este paso tras haber presentado, con nulo resultado, sendos escritos a la mesa de la comisión de Justicia y la Mesa del Congreso solicitando que las enmiendas sobre la reforma judicial no fueran admitidas a trámite. La secretaria general del PP y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, argumentó la decisión afirmando que la admisión a trámite de las enmiendas se ha efectuado mediante un «uso fraudulento de los trámites parlamentarios» y «con falta de conexión de homogeneidad con el texto de la proposición de ley». Además, afirmó que las iniciativas en materia de justicia son «inconstitucionales de forma manifiesta».

A juicio del PP, la modificación del régimen de nombramiento de magistrados por el CGPJ vulnera el artículo 159.1 de la Constitución, al eliminarse la mayoría de los tres quintos, que es la que se exige a las Cámaras para garantizar la independencia de los magistrados. Además, critican las limitaciones en cuanto a quórum y propuestas que pueden efectuar los vocales del Consejo. El PP esgrime también que habilitar la posibilidad de renovar un sexto del TC en lugar de un tercio (que Gobierno y CGPJ puedan elegir por separado los magistrados que a cado uno le competen) contraviene el artículo 159.3 de la Constitución, que establece que los miembros del TC se renovarán por terceras partes cada tres años.

Por último, la eliminación de la potestad del tribunal para verificar la idoneidad de los nuevos magistrados es, según los populares, un «atentado a la independencia y autonomía» del TC. Ahora, los que habría de analizar serían los discutidos candidatos del Gobierno, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díaz.

El PP añade que «reformar leyes orgánicas que afectan al Poder Judicial vía enmiendas supone hurtar el debate y los informes preceptivos acerca de las iniciativas». Avisan de más recursos por vulneración del artículo 23 de la Constitución, además del de inconstitucionalidad una vez aprobada. La reforma del Código Penal con todos los ingredientes añadidos se ha caracterizado por su tramitación acelerada, con apenas 21 días de travesía en el Congreso.