La oposición pide unificar los criterios de vestimenta en todos los centros educativos tras la polémica del velo

La cuestión del velo islámico en los institutos volvió a protagonizar un debate en el Parlamento riojano, aunque de una manera general, más allá del caso concreto del IES Sagasta. El grupo de Podemos-IU presentó una moción para solicitar la modificación urgente del nuevo decreto de convivencia, de manera que se adopten «criterios uniformes para todos los centros educativos de La Rioja en materia de vestimenta». El diputado Carlos Ollero señaló el peligro de que cada instituto obre por su cuenta: «Apostar por la diferenciación entre centros no inclusivos y otros que sí lo son nos parece una barbaridad; bastante segregación educativa genera ya la red privada y concertada».

Vox compartió la idea de la necesidad de un criterio uniforme, aunque ahí acabaron las semejanzas. Su portavoz, Ángel Alda, reclamó la prohibición general del velo y de cualquier vestimenta islámica y así «garantizar la igualdad de hombres y mujeres, la integración cultural y el respeto por las tradiciones, cultura, idiosincrasia y valores propios de España». Ollero le replicó que ese texto destilaba «odio hacia una religión en concreto» y que además sería «inconstitucional y contrario a los derechos humanos».

El grupo socialista, en palabras de su diputada Teresa Villuendas, se mostró favorable a la moción de IU. Villuendas enfatizó que una decisión de este calibre no se debería dejar al arbitrio de cada instituto: «A este grupo no le parece que el reglamento de un centro sea el que decida si una alumna o una profesora puede o no llevarlo, y que unos digan que sí y otros que no. Deben ser espacios de convivencia, respeto y reconocimiento de la diversidad. Prohibirlo es una forma de discriminación indirecta».

La moción no salió adelante por la oposición del PP. Su diputada Pilar Armendáriz defendió la actuación de la Consejería de Educación en este terreno: «No se trata de estar a favor o en contra del velo, sino de cumplir nuestro ordenamiento jurídico. Corresponde al gobierno de España la regulación de cuestiones relativas a los derechos fundamentales. Mantenemos que los centros conserven su autonomía. Quienes mejor conocen las necesidades de los centros son los equipos directivos de cada uno».

Autoridad o autoritarismo

El debate fue más allá del velo y por momentos alcanzó cierto vuelo filosófico. Carlos Ollero (IU) denunció el nuevo decreto de convivencia por entenderlo pernicioso: «Incluye una amplísima relación de infracciones que le otorga un carácter punitivo. Para IU esta no es la manera más adecuada de abordar la convivencia. Lo más importante no es la autoridad del profesorado o las sanciones, sino potenciar los sistemas de orientación educativa, los apoyos piscológicos para el alumnado, fomentar la inclusión de todos los perfiles». En cambio, Ángel Alda (Vox) defendió la necesidad de un régimen sancionador «para garantizar la convivencia y el respeto» y subrayó que el decreto anterior, que huía del punitivismo, «fue un absoluto desastre».

Desde la bancada socialista, Teresa Villuendas identificó una cierta huella de la filosofía escolástica en el decreto: «La escolástica se basaba en someter los conocimientos a la autoridad; esa es la impresión que tuve cuando leí este decreto, que nace del sector más conservador del PP y que intenta camuflar su carácter rancio con palabras bonitas. La palabra ‘imponer’, sus derivados y sinónimos, es lo que marca este decreto». Para la diputada Villuendas, la nueva norma se basa en «el control», no ha contado con el alumnado y para colmo ha obviado cuestiones urgentes: «No han regulado nada del uso de dispositivos móviles, del uso de la vestimenta…, asuntos espinosos sobre los que usted, señor consejero, se ha puesto de perfil».

Al finalizar el debate, el consejero de Educación, Alberto Galiana, requirió la palabra para negar la filiación escolástica del nuevo decreto, pero sin evitar la confrontación de ideas soterradas: «En el anterior decreto sí que había una motivación filosófica: la de Marcuse y Mayo del 68. El ‘prohibido prohibir’ y la abolición de la autoridad era lo que subyacía a aquel decreto de convivencia. Nació viejo, nació muerto, y precisamente por eso ocasionó un profundo desasosiego en los centros que había que solucionar».

Galiana negó las acusaciones de punitivismo, aunque defendió la utilidad pedagógica de la sanción como último recurso: «Es cierto que el principio de autoridad del docente ya estaba en las leyes orgánicas, pero no se había desarrollado. No hay que confundir el principio de disuasión con el punitivismo. Autoridad sí, autoritarismo no. El decreto actual mantiene ese equilibrio, introduce la mediación y llega al castigo como último recurso».

Finalmente, el consejero de Educación ha replicado a las críticas de Ollero sobre la falta de medios para abordar los problemas conductuales: «Nunca ha habido más medios humanos en los centros educativos ni más horas para la inclusión o para la integración de los alumnos con dificultades». Con cierta malicia, Galiana ha subrayado las semejanzas «entre los dos extremos de esta Cámara»: «IU y Vox se parecen en que no escuchan y en la utilización política de estas cuestiones para enfrentar. Ambos comparten además una pulsión totalitaria: quieren imponer sus ideas a todos».

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