La juez ha dado la razón a la Iglesia en su petición de que las monjas cismáticas de Belorado sean desahuciadas del convento. Tan solo … dos días después de que se celebrase la vista en los juzgados de Briviesca, la titular del juzgado de Briviesca ha ordenado el desalojo de las religiosas: deben poner el monasterio a disposición del comisario pontificio (es decir, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta) o en caso contrario se produciría el lanzamiento forzoso. La fecha prevista para ello es el 12 de septiembre, aunque los letrados de las exclarisas ya habían anunciado con anterioridad su intención de recurrir la decisión en caso de que fuese contraria a sus intereses. Según ha indicado el arzobispado, el desahucio no afectaría a las cinco religiosas, ya mayores, que no se sumaron a la ruptura con Roma.
«Condeno a la parte demandada a que desaloje, deje libre y expedita y a disposición de la parte actora la referida finca, con apercibimiento de lanzamiento si no lo hiciere voluntariamente», indica la sentencia, que lleva fecha del 31 de julio, dos días después de que se celebrase la vista. Estima así los argumentos de la Iglesia, que sostiene que «las monjas mayores que no secundaron el cisma constituyen la legítima comunidad monástica» y que su superior mayor, por nombramiento de la Santa Sede a raíz de este conflicto, es el comisario pontificio, «reconocido en el ordenamiento jurídico español». La juez argumenta que la comunidad cismática «no ha demostrado, como así le competía, que reúna título alguno que justifique y legitime el uso del inmueble», y también afirma que el capítulo (el órgano de gobierno del convento) que decidió la transformación en entidad civil no es, una vez roto el vínculo con Roma, más que «una reunión de personas físicas que carece de potestad, legitimación y presentación para convocar y reunirse como tal capítulo conventual» y que, por tanto, «carece de posibilidad para acordar su transformación».
«Es importante señalar que esta resolución aborda el fondo de la cuestión», valora la oficina del comisario, en referencia a su sintonía con el rechazo de la inscripción de las nuevas asociaciones civiles por parte del Ministerio del Interior, según informa El Correo.
«Estupefactos por su rapidez»
Como cabía esperar, la valoración que hacen los letrados y el portavoz de las monjas cismáticas es diametralmente opuesta. Su responsable de prensa, Francisco Canals, se ha referido a la «aparente urgencia» con que la juez Revilla ha alcanzado sus conclusiones: «Ha dejado estupefactos a todos por su rapidez. La celeridad con la que se pretende desalojar a las monjas de su monasterio constituye un hecho insólito y sin precedentes en nuestro país». Por su parte, los abogados Florentino Aláez y Enrique García de Viedma han reprochado que «la sentencia carece de motivación» y «de ella lo que más llama la atención es lo que no dice».
«No entra en el debate que se suscitó en el pleito acerca de si el arzobispo de Burgos goza o no goza de poder para representar a la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado. No se puede obviar el problema, porque, si carece de este poder, ¿cómo va a desahuciar a alguien?», argumentan, además de criticar que la sentencia acepte «de modo acrítico» que la transformación en asociación civil es nula «porque así lo dice la Subsecretaría del Ministerio del Interior, que carece de competencia para declarar la nulidad de un acto como este». Los letrados consideran que la juez «se carga de un plumazo la libertad de la persona jurídica» y manifiestan su confianza en que la sentencia no será ejecutada «hasta que la Audiencia se haya pronunciado sobre su apelación».
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