La Fiscalía apoya condenar a Belarra por llamar «prevaricador» al exjuez García-Castellón

«No cabe duda que tachar a un juez de corrupto, prevaricador y parcial por proteger a un partido político y perseguir a los adversarios constituyen expresiones objetivamente injuriosas por cuanto se le está atribuyendo la comisión de unos hechos delictivos y el incumplimiento de una obligación esencial e inherente a sus funciones como es la imparcialidad; lo que es siempre insultante y descalificador y, en consecuencia, lesivo para su honor», zanja el Ministerio Público en su escrito dirigido al Supremo, que será el que debe dilucidar si concede la indemnización de 240.000 euros que el exmagistrado reclama por el ataque a su honor. La Fiscalía, no obstante y a pesar de reconocer la gravedad de las descalificaciones, afirma que la cuantía de la sanción debería ser de solo 20.000 euros.

«Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza». Este mensaje, que fue escrito en X (antes Twitter) por Ione Belarra el pasado 2 de septiembre fue la base de la querella inicial del exmagistrado, que fue en un principio de 120.000 euros.

García Castellón, posteriormente reclamó otros 120.000 euros y amplió su querella, tras un segundo mensaje de Belarra el 20 de septiembre en esa misma red tras conocer que había sido demandada: «García-Castellón no tenía ganas de jubilarse y continúa la guerra sucia judicial contra Podemos. Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para perseguir a los adversarios políticos de la derecha, es corrupción, con o sin condena».

Ahora, la Fiscalía da la razón al extogado y afirma que los mensajes que la dirigente de Podemos escribió «no tenían otro motivo que desacreditar, desprestigiar y descalificar personal y profesionalmente al demandante con ocasión de su jubilación».

«Pese a la especial protección del derecho a la libertad de expresión y la interpretación restrictiva de sus limitaciones, esta no puede prevalecer sobre el derecho al honor, incluida la reputación profesional (…). Los calificativos empleados y la opinión sobre la parcialidad del juez son claramente ofensivos e innecesarios para transmitir su opinión o valoración crítica sobre la actuación del demandante como juez, faltando, por lo tanto, el requisito de la proporcionalidad», apostilla el Ministerio Público.

Tras conocerse la noticia, Belarra ha recibido el apoyo de su partido. El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha vuelto a insistir en que las palabras que la líder morada dirigió a García-Castellón «son verdades» y ha inisinuado que algunos jueces «actúan en coordinación con el PP». Por último, ha dedicado un dardo al PSOE: «No han reconocido la existencia del ‘lawfare’ hasta que no les ha afectado a ello».