La Audiencia Provincial de La Rioja comenzará a juzgar el próximo 12 de diciembre al que fuera alcalde de Arnedo entre junio de 2003 y el mismo mes de 2015, Juan Antonio Abad (PP), por el conocido como caso de las casillas ilegales, que se remonta a las inspecciones que realizó la Fiscalía riojana en mayo de 2016. Tras la instrucción del caso a cargo del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Calahorra, Abad se enfrenta a la petición de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un delito continuado de preavaricación administrativa y a otra pena de año y cuatro meses de inhabilitación para empleo o cargo público, además de las costas en ambos, por delito continuado de omisión del deber de perseguir delitos.
La Fiscalía de la Comunidad Autónoma parte de que, como principal autoridad local, le correspondía «el deber de ejercitar las potestades en materia urbanística establecidas en la normativa vigente», en concreto en esos años la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (Lotur), el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja (Pepman) y el Plan General Municipal de Arnedo.
Atendiendo a la Lotur, el alcalde debe ordenar la paralización de cualquier obra ilegal e iniciar el expediente para restablecer la legalidad urbanística, incluyendo la demolición de la obra ilegal, sin estimar plazo. En una ciudad en la que se calcula que hay más de 1.500 casillas ilegales, la mayoría en las entonces protegidas huertas del Cidacos, los gobiernos de Abad impusieron diversas sanciones económicas, pero no llegó al momento de derribar edificaciones. De hecho, la Fiscalía describe la respuesta administrativa de Abad como «pura apariencia». «Los procedimientos se tramitan formalmente, pero no se cumple en la realidad lo que en ellos se resuelve», describe en su texto. Y apunta que no se respetó la orden de paralización de obras ilegales, no se ejecutaron demoliciones ni se expedientó y sancionó a infractores. Acude a la declaración del secretario del Ayuntamiento para apuntar que «solamente han sido sancionadas una pequeña parte, no teniendo constancia dicho funcionario de que ninguna se haya demolido».
Conocida por todos esa realidad arnedana, y a instancias de la Fiscalía delegada para Medio Ambiente de Madrid, la Fiscalía riojana solicitó en mayo de 2016 información sobre 38 expedientes sancionadores abiertos en años anteriores a construcciones ilegales en el término municipal y que no habían prescrito. La jeuza Cristina María Angulo Guinda tomó declaración a más de 40 personas, entre ellos a Juan Antonio Abad en la que se convertía en su segunda imputación tras el caso INAR.
Tras la instrucción, la Fiscalía afirma que «los hechos y la repetición de un mismo patrón de comportamiento acreditan que existe en el alcalde Juan Antonio Abad Pérez un designio consciente, voluntario e ilegítimo de tolerar absolutamente la realización de construcciones y edificaciones ilegales en el término municipal de Arnedo». En su día, Abad justificó esas decisiones en buscar la paz social de una ciudad en la que las 1.500 casillas ilegales hacen que casi todas las familias estén involucradas de una u otra forma. Ese motivo carece, a juicio de la Fiscalía, de cualqueir amparo legal. «Aunque se invoque un sedicente ‘interés general’, nunca puede ser contrario a la observancia y cumplimiento de la Ley», afirma en su texto, que describe «se instauró un régimen perverso, contrario a una sociedad sana y respetuosa de la Ley».
Enlace de origen : La Audiencia Provincial pide 14 años y 4 meses de inhabilitación al ex alcalde de Arnedo por el caso de las casillas ilegales