La dirección de Junts ha decidido este lunes en una reunión extraordinaria de su ejecutiva retirar la proposición no de ley que instaba a Pedro … Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Los de Puigdemont han dado marcha atrás un día antes del debate en el Congreso, que amenazaba con visualizar la situación precaria del Gobierno, sin el apoyo mayoritario del Parlamento.
Junts ha levantado el órdago con el objetivo de dar una prórroga a las negociaciones con los socialistas pero mantiene la máxima exigencia al Gobierno de que cumpla los compromisos en las próximas semanas, aunque la dirección nacionalista ha evitado fijar un calendario explícito de cumplimiento. Se ha retirado la cuestión de confianza para que tengamos tiempo para materializar algunos acuerdos pendientes, ha señalado Turull, acompañado por la plana mayor de su partido desde la sede juntera, en Barcelona. Los de Puigdemont no han fijado plazos al Gobierno como sí habían hecho con los ultimátum lanzados con anterioridad, pero sí se han mostrado confiados en que en las próximas semanas podrá comprobarse que el movimiento de Junts de echarse atrás «habrá valido la pena».
El mediador internacional en las reuniones entre PSOE y Junts, Francisco Galindo, hizo público ayer domingo un comunicado en el que pidió a los postconvergentes que consideraran retirar la cuestión de confianza ante el riesgo de una «ruptura» de la mesa de Suiza. A su juicio, la ruptura de este espacio de diálogo «significaría un retroceso difícil de superar que frenaría estos avances, que mi función de verificador me impide de revelar pero no de conocer». El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que participa en las negociaciones suizas entre los socialistas y los junteros, reforzó la propuesta del mediador: «Queremos evitar rupturas», afirmó. Según Galindo, «no se han materializado algunos de los puntos» del acuerdo político entre ambas formaciones, como el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat o el reconocimiento del catalán como lengua oficial en las instituciones europeas.
Junts ha insistido en que las relaciones con el PSOE están muy «deterioradas» y que a día de hoy solo tienen confianza en el mediador, que será quien tendrá que hacer balance de las reuniones de Suiza, las 12 anteriores, y la siguiente ya convocada. A partir de ahí ha vuelto a avisar que si no hay cumplimientos la única decisión que le quedará será la ruptura. Los soberanistas han insistido en que «no van de farol». «Cuando votamos no es no. Si el PSOE se piensa que puede hacer lo que quiera, tendrá un disgusto», han advertido.
Puigdemont se sacó de la manga el pasado 9 de diciembre la propuesta de la cuestión de confianza al presidente del Gobierno. «No es de fiar», afirmó. «No ha hecho lo suficiente para merecer nuestra confianza, a pesar de que hemos sido pacientes y generosos», dijo desde Bruselas. «Podemos afirmar que un año después las cosas no van bien», aseguró.
Fue una forma de presión al Gobierno para que acelerara con las concesiones, sobre todo en la cuestión de la inmigración y en el reconocimiento del catalán. El dirigente nacionalista lleva meses amenazando con romper con el Gobierno. Sánchez ha sufrido alguna derrota significativa en el Congreso, después de que Junts uniera sus votos a PP y Vox, pero los de Puigdemont se mantienen en la mayoría de la investidura.
Horas antes de la reunión de la ejecutiva de Junts, el Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará mañana martes la adhesión de España al protocolo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. que permite a los tribunales de mayor rango españoles pedir opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). «Esta iniciativa es fruto de un acuerdo alcanzado a propuesta de Junts», ha señalado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. La medida permitirá solicitar opiniones consultivas de asuntos que estén en trámite ante la jurisdicción nacional. Eso sí, el TEDH dispondría de la facultad discrecional de aceptar o no tal solicitud, según ha explicado Albares.
La decisión de Junts se ha producido en una jornada clave en las relaciones entre el Gobierno y el Govern, que celebran este lunes dos reuniones de las comisiones bilaterales mixtas, la de Estado-Generalitat y la de transferencias, que lleva 15 años sin reunirse.
El Gobierno y el Govern, con el apoyo de ERC a Illa como telón de fondo, aprobarán un consorcio para la gestión y ejecución de las inversiones del Gobierno en Cataluña, incrementar el número de jueces en Cataluña para equipararlo a la media española e incrementar el número de agentes del cuerpo de los Mossos hasta 25.000 en 2030. Junts se ha adjudicado el mérito de esta última decisión.
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