Ángel Luis Hurtado, el instructor del caso en el Supremo contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, ha pedido al Ministerio Público copia del supuesto protocolo de seguirdad que, según afirma la Fiscalía General del Estado, obligó al imputado a borrar el contenido de … su móvil y a cambiar de terminal cuando ya estaba siendo investigado por el alto tribunal por la filtración de los correos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso.
En concreto, en un auto dictado este miércoles, el juez requiere al delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal para que aporte «copia de los protocolos o normativa interna aprobada y existente en la institución de Ministerio Fiscal y, específicamente, en Fiscalía General del Estado, relacionados con el uso de teléfonos móviles y uso de email de todo tipo (particulares y corporativos) por miembros del Ministerio Fiscal».
En su momento, cuando la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desveló en un informe el pasado diciembre que en el móvil de García Ortiz había «0 mensajes», el equipo de comunicación de la Fiscalía General se esmeró en explicar hasta la saciedad que el formateado respondía a la «Instrucción 2/2019, de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal», que fija en su artículo 7.3, las «obligaciones de las fiscalías, unidades y de los demás órganos del Ministerio Fiscal», de llevar a cabo la «destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso».
Sin embargo, la pasada semana, Julián Salto, el fiscal del caso de la pareja de la presidenta y (que además es el responsable de las aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías de la institución en la Comunidad de Madrid), y la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra negaron categóricamente que existiera ese protocolo de borrado periódico de datos o que jamás se les hubiera obligado a ellos a cancelar las informaciones de sus teléfonos.
El instructor, además, ha accedido, tal y como le pedían las acusaciones, a requerir al departamento de informática de la Fiscalía General para que aporte la relación de ocasiones en las que el fiscal general ha cambiado de móvil, con indicación de los datos de referencia de cada terminal; que remita los dispositivos móviles entregados por Álvaro García Ortiz desde el 7 de marzo de 2024 a la Fiscalía General del Estado; y que informe sobre si los anteriores dispositivos móviles han sido formateados. Además, el instructor, en caso de que los terminales hayan sido borrados o destruidos, exige conocer «la identidad de la persona que haya procedido al formateo, fecha en la que dichos formateos se hayan producido, y software utilizado».
El instructor, que rechaza el resto de diligencias que las acusaciones proponían respecto a dispositivos móviles y correos electrónicos a la espera de las investigaciones ya encargadas a la UCO, destaca que solo acepta las peticiones sobre el formateo de los móviles entregados «por considerar que puede servir de complemento a la información que se hace en el informe de la UCO de 3 de enero, en que se recogía el cambio de terminal telefónico por parte del investigado».
Exaltos cargos de Monlcoa
Otras diligencias que el instructor desestima practicar en este momento, sin perjuicio de lo que pueda requerir el avance de la investigación, se refieren a la toma de declaración u otras diligencias en relación a varios altos cargos o exaltos cargos de Moncloa supuestamente vinculados con el intento de airear los datos confidenciales de Alberto González Amador en la Asamblea de Madrid, tal y como denunció en su día el exlider de los socialistas madrileños Juan Lobato.
Tampoco el juez del alto tribunal accede a lo que la acusación particular interesa en relación a tres periodistas, y destaca al respecto que no se accederá a diligencia alguna que pueda suponer afectación al secreto profesional de los periodistas y la especial protección que merecen las fuentes de información.
El juez rechaza también la diligencia solicitada por la acusación particular para que se requiera a la Fiscalía Provincial de Madrid la fecha de designación del Fiscal encargado de las Diligencias Previas en las que está incursa Begoña Gómez Fernández, después de que apareciera un post-it con el nombre de la mujer del presidente en la agenda de la otra coimputada, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Hurtado subraya que «no ve la relación que dicho procedimiento pudiera tener con el presente». Tampoco acepta la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de extender en este momento la investigación a un presunto delito de prevaricación administrativa.
Enlace de origen : El Supremo pide a la Fiscalía copia del protocolo que supuestamente obligó a García Ortiz a borrar su móvil