
Leopoldo Puente, el instructor del Supremo del ‘caso Ábalos-Koldo’, comenzó ‘de facto’ este martes la investigación sobre al hasta ahora aforado exministro de Transportes ordenando de manera urgente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lleve a cabo un verdadero ‘ … striptease’ de la situación económica del exsecretario general del PSOE y de su primogénito y supuesto testaferro, Víctor Ábalos, en busca de un supuesto enriquecimiento ilícito procedente de las mordidas de la trama que dirigía Víctor de Aldama.
En concreto, el juez, en un un auto en el que retoma las diligencias una vez obtenido el suplicatorio del Congreso de los Diputados que suspende la inmunidad de José Luis Ábalos, ha pedido a los agentes de la unidad de élite del instituto armado que «a la mayor brevedad posible» elaboren un informe sobre la situación económico patrimonial del exministro y su hijo , «conforme resulte de la consulta de fuentes abiertas, expresivo de las cuentas o depósitos bancarios de los que pudieran ser titulares, cotitulares o autorizados; de los bienes inmuebles o vehículos que se hallaren registrados a nombre de uno u otro; y de su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes».
Además de designar a la UCO como policía judicial para actuar en la causa y encargarle el informe citado, el juez cita de nuevo a Ábalos para el 18 de febrero. El exministro ya declaró en la causa el pasado mes de diciembre de forma voluntaria para negar de manera tajante haber recibido cualquier tipo de gratificación por parte de De Aldama, al tiempo que también desmintió que la trama le hubiera pagado el alquiler de su amante o un chalet vacacional. Ese mismo 18 de febrero, también ha sido citado a declarar como imputado Koldo García, el exasesor del exministro, que además será sometido a una pericia caligráfica para ver si su letra es la que aparece en documentos sobre posibles amaños de obras públicas.
Después de Ábalos y García, el juez tiene previsto dar un importante empujón a la causa. Primero, con la citación como testigos de 17 personas entre los días 25 de febrero y 5 de marzo, entre ellos los exaltos cargos de Transportes Jesús Manuel Gómez García, Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera; el director de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno Medina, al que De Aldama acusa de haber cobrado mordidas; Joseba García Izaguirre; hermano de Koldo García; Víctor Ábalos, hijo del exministro; la empresaria Carmen Pano y su hija, que aseguran haber llevado dinero negro a la sede socialista de Ferraz; Jessica Rodríguez García, ex novia de Ábalos y varios empresarios.
Al margen de los interrogatorios, el juez Puente quiere también indagar a fondo sobre las graves acusaciones que Víctor de Aldama ha vertido contra miembros del Gobierno y dirigentes del Partido Socialista desde que el pasado 21 de noviembre quedara en libertad tras alcanzar un pacto con Anticorrupción.
Así el juez reclama a la UCO un informe en el que cruzando todas las intervenciones telefónicas y los datos que ya obran en la causa sobre los tres investigados (Ábalos, Koldo García y De Aldama) se arroje luz sobre algunas de las personas nombradas por el conseguidor y supuesto arrepentido, en particular –cita el instrutor- José Luis Ábalos; Víctor Ábalos; el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres (al que De Aldama acusa haber pedido una mordida de 50.000 euros) o» subordinados de éste»; el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán al que De Aldama vincula con la financiación irregular del partido; «o con cualquier otra persona aforada ante el Tribunal Supremo».
Del mismo modo, el instructor da un plazo de diez al empresario para que entregue la relación de los pisos que asegura haber facilitado para encuentros en los que participaban Ángel Víctor Torres, Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos en Madrid, «fechas de los contratos y estancias y pago de los mismos». «Y para que indique también si hubo algún pago a las ‘señoritas a las que se refirió en su declaración y, en su caso, quién lo abonó», precisa el togado del Supremo.
Asimismo, pide la identificación de las personas que procedieron a contratar laboralmente a Jessica Rodríguez García, primero en INECO y luego en TRAGSATEC.
Igualmente, se designará un perito, agente de la propiedad inmobiliaria, resultando el primero disponible de los mencionados listados a fin de que emita informe sobre el valor de mercado correspondiente a una determinada vivienda sita en Madrid cuyos datos se especifican.
También se deberá oficiar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al efecto de que informe acerca de los viajes oficiales, tanto dentro de España como hacia el extranjero, en los que, entre los meses de noviembre de 2018 a diciembre de 2022, Jessica Rodríguez García pudiera haber acompañado a José Luis Ábalos, así como la identidad de la persona o el número de cuenta desde la que se abonaron los gastos generados como consecuencia de la presencia de aquélla en el viaje.
Enlace de origen : El Supremo ordena la UCO que investigue el patrimonio íntegro y las cuentas de Ábalos y de su hijo