El juez del Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa contra el fiscal general del Estado por la filtración de los datos confidenciales del novio … de Isabel Díaz Ayuso, consultó este jueves a las partes de este procedimiento si debe suspender de su cargo a Álvaro García Ortiz una vez abra juicio oral contra él, algo que hará en breve después de que el pasado martes la Sala de Apelaciones del alto tribunal avalara el procesamiento del máximo responsable del Ministerio Público.
Hurtado ha dado tres días a la Fiscalía y al resto de partes de esta causa para que digan si apoyan o no la reclamación de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que pide seis años de cárcel para el fiscal general, de apartarle de forma inmediatamente en el cargo una vez que el instructor dé la orden de sentarle en el banquillo.
El instructor del Supremo este jueves reactivó el procedimiento que había dejado en suspenso a la espera de tener el aval de la Sala de Apelaciones a su instrucción contra García Ortiz. Los magistrados (por dos votos a favor y uno en contra, con voto particular incluido) efectivamente apoyaron enviar a juicio al fiscal general por supuestamente haber participado en las maniobras para supuestamente filtrar a la prensa el 13 de marzo de 2024 el correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador (pareja de la presidenta madrileña) reconocía el doble delito fiscal de su cliente. Los magistrados, no obstante, tumbaron la causa contra Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, al entender que no hay pruebas de que participara en esa revelación de secretos.
Hurtado, aunque ahora ha preguntado a la partes sobre la posibilidad de apartar ya del cargo al fiscal general, lo cierto es que en noviembre, al poco de hacerse cargo de la investigación derivada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) , ya rechazó una petición similar de suspender a García Ortiz procedentes de Manos Limpias y la propia APIF. Entonces, el instructor, que ni siquiera dio traslado a las partes, denegó la medida.
Interpretación
En noviembre, el instructor explicó a las acusaciones que, de acuerdo a su interpretación, la normativa no le permitía tomar una decisión sobre un miembro de la carrera fiscal, ya que ésta –según la legislación de Fiscalía y del Poder Judicial- era una prerrogativa interna del Ministerio Público que, paradójicamente, deja en manos del fiscal general el apartamiento de cualquier miembro de la carrera. En cualquier caso, la petición de suspensión entonces se basaba en que García Ortiz era el superior directo de la fiscal que iba a llevar el caso -la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde- y que esa situación era incompatible con la neutralidad.
Por otro lado, la Sala de lo Penal del alto tribunal desestimó este jueves el recurso de la APIF contra el auto del instructor que denegó varias de las diligencias que solicitó. La asociación, en concreto, propuso que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil determinase si en el teléfono del fiscal general constaban una serie de números de teléfono, entre ellos los de la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el del jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y los de varios periodistas.
La Sala de lo Penal comparte el criterio del instructor respecto de la primera petición y argumenta que, «en esta causa, los datos del teléfono del investigado no pueden suponer un dato fiable, en tanto que borró todos sus mensajes».
«Y nos remitimos al auto del instructor de fecha 30 de abril de 2025, en donde se recoge el contenido de las comisiones rogatorias cumplimentadas por las autoridades irlandesas y de EEUU de América, en donde se corrobora tal borrado, y se alza el secreto que pesaba sobre cada una de las piezas separadas abiertas para el análisis pericial del material incorporado en cada una de las comisiones rogatorias recibidas de Irlanda y EEUU de América, de cuyo informe se da cuenta a las partes personadas», apunta.
Enlace de origen : El juez del Supremo pregunta a las partes si suspende del cargo al fiscal general del Estado