El hermano de Sánchez renuncia al puesto en la Diputación de Badajoz por el que está imputado

El juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz mantiene una investigación abierta sobre la contratación de David Sánchez en el año 2017 en la que están imputados, además del propio David Sánchez, el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y otras siete personas. Además, la jueza, Beatriz Biedma, ha solicitado información a La Moncloa sobre otro empleado actual de la Diputación, Luis Carrero, colaborador directo del principal encausado y que anteriormente formó parte de la Presidencia del Gobierno, desde donde le envió el mensaje encabezado con un «querido hermanito».

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La denuncia original fue presentada por Manos Limpias, y más tarde se unieron otras asociaciones y los partidos políticos Vox y PP. Aunque inicialmente se puso en duda la tributación y patrimonio de David Sánchez, las últimas decisiones de la jueza se dirigen exclusivamente a un posible caso de enchufismo, su contrato de alta dirección, su posterior ascenso a jefe de la Oficina de Artes Escénicas y a la contratación posterior de sus colaboradores. En un auto emitido este miércoles, la jueza recuerda que investiga delitos contra la Administración como prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. La investigación comenzó a finales de mayo y el próximo viernes están citados más testigos a declarar.

En este contexto, agravado para los imputados por el auto de la semana pasada de la instructora en el que apuntaba a «que todo parece indicar que el puesto se creó para él», en alusión a Sánchez –David Azagra en los círculos artísticos–, y con nuevas diligencias a la vista, el hermano del presidente ha decidido abandonar su puesto en la Diputación pacense en un escrito presentado en el registro de la institución y dirigido al diputado de Recursos Humanos y Régimen Interior, Ramón Díaz Farias.

«Preaviso de extinción»

En el mismo, el encausado solicita que «se tenga por comunicado preaviso de extinción del contrato que alta dirección suscrito el 10 de julio de 2017 entre esa entidad local (Diputación de Badajoz) y don David Sánchez Pérez-Castejón, por voluntad de éste, que se producirá transcurridos tres meses de su presentación en el correspondiente registro, así como por cumplida su obligación de preavisar con el tiempo mínimo previsto en el artículo 10 del Real Decreto 1382/1985. Y en su conocimiento se disponga cuanto sea necesario para que la finalización de la relación laboral se produzca en esa fecha de manera ordenada, con la colaboración del alto directivo en la medida de sus posibilidades y causado por los mínimo prejuicios al funcionamiento de esa entidad local».

Tanto la Diputación de Badajoz como el PSOE siempre han defendido la legalidad de la contratación de David Sánchez, quien, a su vez, nunca se ha manifestado públicamente sobre su decisión de trasladarse a trabajar a Extremadura, tierra con la que no mantenía antes ningún vínculo. A su plaza original como coordinador de conservatorios se presentaron otros 10 aspirantes (uno de ellos ha sido citado a declarar como testigo este viernes). En sus diligencias de investigación, sin embargo, la juez observa que todo el proceso administrativo seguido con el hermano de Pedro Sánhez pretendía dar «apariencia de legalidad» a la adjudicación de la plaza, la necesidad de cuya creación tampoco observa, según ha dejado escrito en varios de sus autos.

David Sánchez es director de orquesta y licenciado en Económicas. Recientemente había adquirido una vivienda en la cercana localidad portuguesa de Elvas, que dio objeto a diligencias judiciales sobre sus cumplimientos tributarios a raíz de varias informaciones en medios digitales. Esta línea de investigación ha sido tumbada por la jueza tras recibir información de la Agencia Tributaria y BBVA.