El hermano de Sánchez esgrime que la incautación de sus correos lesiona sus derechos fundamentales

Así lo hace constar su abogado, Emilio Cortés, en el escrito de defensa que ha presentado este lunes ante el mismo juzgado, que recopila todos los escritos antes de enviar la causa completa a la Audiencia para que feche el juicio. Además del hermano del presidente, hay otros diez imputados. Entre ellos, el secretario general del PSOE extremeño y candidato a la Junta el próximo 21-D, Miguel Ángel Gallardo.

Sánchez, también llamado Azagra, entiende que no deben admitirse pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales, como podría ser el secretario de las comunicaciones o la presunción de inocencia, sin que existieran previamente indicios suficientes.

Esto ya se recurrió a la Audiencia Provincial hace meses, que rechazó el razonamiento de los abogados y validó la intervención de los correos. Pero esto no impide que el abogado de la defensa no evita que se pueda plantear en el juicio como cuestión previa. Es lo que advierte en su escrito el abogado Emilio Cortés.

Esos mensajes son básicos en la instrucción. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó dos intervenciones, el 10 de julio y el 19 del mismo mes, para lograr todas las comunicaciones entre el 18 de julio de 2017 y el 9 de julio de 2024. En total, 4.494 correos electrónicos.

Entre ellos, el contrato de arrendamiento de un piso en el Casco Antiguo, sus declaraciones de bienes como empleado público de alta dirección, su petición de excedencia de un año tras la pandemia o certificados de residencia fiscal. En ese mensajes también se estudiaba un presunto incremento patrimonial ilícito que se fue desinflando en la investigación hasta quedar descartado.

Pero, por otro lado, gracias a esas comunicaciones se conocieron algunas desavenencias con el exdirector del conservatorio superior Bonifacio Gil, Bonifacio Gil, sobre las actividades que programaba y que podían interferir en la formación de los alumnos, o los que desvelaron una amistad con Luis Carrero, que se convertiría en su colaborador y con quien mantenía una amistad cercana previa hasta el punto de hablar de su incorporación a la institución antes de que saliera a concurso la plaza.

También han sido claves otros mensajes, como el enviado entre los dos directores de los conservatorios que llevaba como asunto una referencia al ‘Hermanísimo’ antes de que lograra la plaza el día en que se convocaron las bases.

David Sánchez niega los supuestos delitos que se le imputan, como tráfico de influencias y prevaricación, y solicita la libre absolución.

El abogado asegura que las acusaciones populares (lideradas por Manos Limpias, pero con otras organizaciones como PP y Vox) no han acreditado «ni siquiera indiciariamente influencia con sesgo delictivo de clase alguna en su creación o adjudicación y, menos, imputable a la persona de nuestro defendido».

Salvo los correos electrónicos, la defensa pide la declaración de 13 personas que ya han testificado en la fase de Instrucción. Entre ellos, trabajadores provinciales y de los conservatorios.