Casi dos años y medio después de acordarlo Yolanda Díaz y firmarlo con los sindicatos en un acto con bombo y platillo apenas un mes … antes de las elecciones generales, el Consejo de Ministros aprobará por fin este martes el anteproyecto de ley del estatuto del becario, que regirá y acotará las relaciones laborales de los estudiantes en prácticas, según confirmaron a este periódico fuentes del Ministerio de Trabajo.
La norma, que busca acabar con la precariedad y abusos del colectivo, ha estado meses y meses guardada en el cajón al ser blanco de críticas de la patronal –que rechazó darle su apoyo–, de la comunidad universitaria, de la oposición e incluso de parte del Gobierno, puesto que desde el ala socialista no veían con buenos ojos una ley que consideraban «muy verde», aunque el pasado verano finalmente se pacificaron posturas. Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez corre el riesgo de revivir otro naufragio como el de la reducción de la jornada laboral en el Congreso, puesto que no tiene los apoyos atados y es más que probable el voto en contra, entre otros, del PP y Junts (más una vez que han roto relaciones), aunque pasarán todavía varios largos meses hasta que llegue a la Cámara Baja.
Sin embargo, ni las críticas ni este largo periodo de parálisis han servido para hacer modificaciones en el texto –incluyendo algunas de las alegaciones que remitieron desde distintos organismos durante la fase de consulta pública–, ni siquiera para reunirse con la comunidad educativa para explicárselo –tal y como denunciaron este lunes a este periódico–, por lo que llegará este martes al máximo órgano de gobierno tal y como fue acordado en junio de 2023 entre el Ministerio de Trabajo y CC OO y UGT.
Así, la nueva norma establece un régimen sancionador «efectivamente disuasorio» que impondrá sanciones de hasta 225.000 euros a las empresas que abusen de los estudiantes en prácticas o los discriminen. El texto, que limita además las horas que podrá trabajar este colectivo, incluye una definición clara de las prácticas para evitar fraudes y una compensación económica a los estudiantes de los gastos que acarree la actividad laboral, como pueden ser los desplazamientos.
Máximo 480 horas de prácticas
Después de una larga negociación en la mesa del diálogo social, el anteproyecto de ley permitirá mantener todas las prácticas universitarias (también las extracurriculares, donde se concentran los fraudes) siempre y cuando cumplan dos condiciones: tendrán que estar vinculadas a los estudios que estén cursando (actualmente no existe este requisito y pueden trabajar en cualquier empresa) y las acota a una duración máxima: que no superen el 25% por curso académico del tiempo del total de créditos de la titulación en cuestión y un máximo de 480 horas por curso (la mitad que ahora).
El nuevo régimen sancionador fijará multas para las empresas de entre 120.006 y 225.018 euros en el caso de que se produzcan infracciones muy graves en su grado máximo. Si las infracciones son consideradas muy graves pero en su grado mínimo, las sanciones irán de 7.501 a 30.000 euros, mientras que en su grado medio serán de 30.001 a 120.005 euros.
Las infracciones serán, según establece el documento, muy graves cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo.
Las compañías estarán obligadas a pagara los estudiantes gastos de desplazamiento o manutención
Asimismo, serán consideradas infracciones muy graves aquellas por circunstancias de sexo; origen, incluido el racial o étnico; estado civil; condición social; religión o convicciones; ideas políticas; orientación sexual; adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos; vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.
Otra novedad que recoge esta norma –y la que más suspicacias genera– es la obligación de las empresas de compensar los gastos en los que tengan que incurrir los estudiantes para desarrollar su actividad laboral, tales como el desplazamiento al lugar del trabajo, el alojamiento o manutención. Sin embargo, las compañías que tengan en nómina a sus becarios (es decir, que les paguen por este trabajo) no tendrán que costear estos gastos al considerarlos nivelados.
Enlace de origen : El Gobierno aprueba este martes el estatuto del becario sin visos de superar el Congreso