«El fiscal general me mató públicamente, reventó mis derechos; soy el delincuente confeso del Reino de España, me doy por condenado en mi causa … por delitos fiscales. Solo me quedan dos caminos: o me voy de España o me suicido». El punto de no retorno para Alberto González Amador comenzó la mañana del 14 de marzo de 2024. Ese día la Fiscalía publicó una nota de prensa para desmentir el «bulo» propagado en redes sociales la jornada anterior por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y que algunos medios amplificaron. Una información que detalló que el fiscal del caso ofreció un pacto al abogado del empresario por la comisión de dos delitos tributarios, pero que «por órdenes de arriba» finalmente se retiró, cuando en realidad fue al revés.
Ese comunicado del Ministerio Público recogió punto por punto los hitos del intercambio de correos entre Carlos Neira, el letrado «parco y serio» de la pareja de Ayuso, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto, quien se ocupaba entonces de la denuncia de Hacienda. La franja de estas comunicaciones transcurre entre el 2 de febrero y el 12 de marzo de 2024. Y la nota de prensa que distribuyó el Ministerio Público, en la que se implicó directamente el fiscal general del Estado para defender, insiste, el honor de su departamento, tenía como objetivo desmentir los «infundios» de Miguel Ángel Rodríguez. Una versión falsa que fue difundida antes de que se produjera la presunta revelación del correo reservado del caso el 13 de marzo, por el que fue procesado como presunto autor Álvaro García Ortiz, hoy en el banquillo del Tribunal Supremo bajo amenaza de hasta seis años de prisión.
«Estoy muerto jurídicamente desde que se sacó la nota de prensa. Desde entonces mi vida gira en torno a que soy un delincuente confeso y todo lo que me rodea también. Me han arrastrado, me han pulverizado por toda España como delincuente», relató González Amador en la vista oral. «No hay derecho a que no me hayan tratado como un ciudadano normal. Ojalá hubiera pactado 144.000 euros y ocho meses (de cárcel) porque me he gastado solo en abogados el doble en dos años», añadió a preguntas de la defensa de García Ortiz, ejercida por la Abogacía del Estado.
«Una obsesión»
La pareja de Ayuso puso mucho empeño en que el tribunal de siete magistrados escuchara las consecuencias personales y profesionales de su caso. Hasta convertirse en una «obsesión» diaria que ha derivado en un futuro procesal bastante negro, procesado en los juzgados de Madrid por dos delitos fiscales valorados en 350.000 euros y otro de falsedad documental, por el que le piden hasta cinco años de prisión. También está inmerso en una segunda causa por presunta corrupción en los negocios y administración desleal de sus empresas de consultoría sanitaria.
A partir de aquí, y tras la testifical posterior de su abogado, Carlos Neira, la acusación particular en defensa del querellante ha desplegado una estrategia consistente en desacreditar a través de este juicio la dos causas penales que afectan a González Amador. Como si la vulneración de su derecho de defensa por parte del fiscal general, en caso de una condena por parte del Supremo, proyectara en ulteriores nulidades en estos procedimientos.
Es más, el comisionista de las mascarillas en plena pandemia (se llevó dos millones de euros en una sola operación) llegó a calificar de «atropello» el expediente de la Agencia Tributaria y cómo se torpedeó desde la Fiscalía un pacto de conformidad para evitar la prisión a cambio de reconocer los delitos. «Pero el hecho de que se supiera que era pareja de Ayuso lo cambió todo», admitió Neira en su intervención y antes confirmó en la suya Miguel Ángel Rodríguez, aunque con palabras más gruesas.
Bregado en mil batallas tras 30 años dedicado a la actividad política, Rodríguez declaró durante más de un hora sin cometer aparentes contradicciones. El jefe de Gabinete de Ayuso defendió su papel en los hechos enjuiciado por un motivo: proteger la reputación de su jefa y la de su novio «anónimo», víctimas de una campaña «voraz del aparato del Estado con motivaciones políticas». «Con González Amador se ha cometido una injusticia como español porque sale con una rival política», sostuvo el testigo, que se reafirmó en sus mensajes del 13 de marzo de 2024 sobre el pacto que motivó la reacción de la Fiscalía. «Es turbio y feo. Lo sigo pensando. Alguien paró el acuerdo desde arriba», remachó, apuntado a García Ortiz.
Moncloa, el móvil y el pacto
La sesión matinal se desarrolló en torno a una miscelánea de asuntos que rodean la acusación contra el fiscal general. El borrado del teléfono móvil y de los correos del máximo responsable del Ministerio Público, el referido comunicado que lanzó el departamento de comunicación para desmentir a Rodríguez o el supuesto interés de Moncloa sobre el expediente fiscal que afectaba a González Amador.
Francesc Vallès, que ocupaba el puesto de jefe de comunicación de Moncloa en marzo de 2024, declaró que no facilitó ninguna revelación de secretos porque no tuvo acceso al correo reservado. De forma previa, el fiscal Diego Lucas, que asumió el caso abierto contra la pareja de Ayuso por fraude fiscal tras abstenerse el fiscal Julián Salto, relató las diversas maniobras impulsadas por la defensa del comisionista para dilatar la causa.
Por su parte, Esmeralda Rasillo, jefa de la unidad de apoyo de la Fiscalía General, relató que García Ortiz cambia de móvil de media una vez al año. El interés de la Abogacía del Estado por explicar la forma en la que se utilizan los dispositivos radica en que el magistrado Ángel Hurtado, que instruyó la causa, señala como un indicio que apunta a la filtración del correo por parte del fiscal general al hecho de que borrara los mensajes y no colaborase.
Rasillo explicó además que, cuando se cambia el móvil, el anterior debe devolverse, pero que no siempre sucede y que esos móviles suelen guardarse en una caja en la Fiscalía General, donde pueden permanecer años sin ser reclamados por las autoridades ni las compañías proveedoras. En ocasiones, esos teléfonos son reasignados a otros fiscales. Según su testimonio, no existe un protocolo específico para ejecutar el manejo, eliminación de datos o destrucción de estos dispositivos; y normalmente, el borrado de datos se hace de forma manual por funcionarios que ayudan a los fiscales, pero no es un proceso estandarizado.
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