El Consejo de Europa recrimina al Gobierno la falta de medidas anticorrupción para los altos cargos

El organismo internacional le da un fuerte varapalo a España en la lucha contra la corrupción. La falta de medidas para controlar a los miembros del Ejecutivo, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, las reformas que no se han llevado a cabo en los aforamientos, las carencias en la regulación de los grupos de presión y los obstáculos en transparencia y buen gobierno son algunas de las deficiencias detectadas por los expertos.

Candentes los escándalos de corrupción que involucran a los exdirigentes del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, por un lado, y al exministro del PP Cristóbal Montoro, por otro, el Consejo de Europa lamenta la falta de «medidas decididas y resultados tangibles» en relación con las recomendaciones formuladas sobre los altos cargos ejecutivos del Ejecutivo. Expone, por ejemplo, que sigue pendiente la aplicación del Plan de Acción para la Democracia, ya aprobado, y especialmente la Ley de Administración abierta, todavía sin aprobar.

Además, el informe recuerda que no se ha tomado ninguna medida para reformar el aforamiento (la figura del sistema penal que hace que los políticos sean juzgados en un tribunal superior o especializado, y no en uno ordinario) y destaca la ausencia de formación sobre el Código de Conducta para los altos cargos, así como los retrasos en la aplicación de una estrategia de integridad.

Las medidas de transparencia han mejorado con la entrada en vigor en España, el 1 de enero de 2024, del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, reconoce el Greco, que sin embargo, expresa su preocupación por la duración de los tiempos de respuesta y el acceso público. Además, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha adquirido más independencia, aunque su plena potestad sancionadora está aún pendiente de aprobación legislativa.

Las críticas del Greco se extienden también a la falta de control sobre los lobbies. El organismo señala la falta de regulación de los grupos de interés y subraya que «el requisito de publicación de las agendas sigue siendo una asignatura pendiente». Además, reclama reforzar las restricciones posteriores al empleo para los cargos políticos y los requisitos de declaración financiera, especialmente en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados. Así, la Oficina de Conflictos de Intereses «sigue careciendo de verdadera independencia y de presupuesto propio».

Sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Greco echa de menos en la Policía Nacional una estrategia anticorrupción específica, apunta que el Código de Conducta de 2013 no se está aplicando y pone en la diana la falta de transparencia en la contratación y los nombramientos discrecionales. La organización reconoce los esfuerzos normativos en materia de formación policial, pero considera que las mejoras estructurales en lo que respecta a la ética y la integridad siguen siendo incompletas.

Respecto a la Guardia Civil, admite mayores progresos, en particular gracias al desarrollo del Sistema de Integridad de la Guardia Civil (SINTEGC) y del Plan de Acción de Ética Profesional (PLAEP), iniciativas que introducen evaluaciones del riesgo y formación estructurada, con medidas de prevención de la corrupción integradas en estrategias más amplias. Sin embargo, aún quedan por adoptar algunas iniciativas clave, como el Protocolo de Buenas Prácticas.

En cambio, el informe valora positivamente las mejoras en los mecanismos internos de denuncia y en la protección de los denunciantes tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, pero señala que sus regímenes disciplinarios siguen siendo inadecuados.

Las conclusiones del Consejo de Europa son tajantes: España no cumple suficientemente las recomendaciones y pide a las autoridades que presenten antes del 30 de junio de 2026 un informe sobre los progresos realizados en su aplicación. Además, el Greco invita al secretario general del Consejo de Europa a enviar una carta al ministro de Asuntos Exteriores de España para poner de manifiesto el incumplimiento de las recomendaciones y la necesidad de adoptar medidas contundentes para lograr avances tangibles lo antes posible.

El Consejo de Europa, que está compuesto por 46 Estados y tiene su sede en Estrasburgo, es una organización internacional independiente de la Unión Europea centrada en la promoción de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en el continente.