EE UU sanciona a cuatro jueces de La Haya por emitir órdenes de arresto contra Netanyahu

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, calificó de «ilegítimas» las acciones del TPI contra Estados Unidos e Israel. «EE UU tomará las acciones que considere necesarias para proteger nuestra soberanía, la de Israel y la de cualquier otro aliado«, dijo en un comunicado. El órgano rector del tribunal de La Haya tildó la sanciones de Washington como un «claro intento» de socavar su independencia mientras que Netanyahu agradeció en la red social X el apoyo de Trump y Rubio al considerar que »se había defendido el derecho de Israel«.

En un comunicado, el TPI señaló «notar con profunda preocupación» el anuncio de las últimas acciones anunciadas por el Gobierno de EE UU, contra una institución internacional que «proporciona justicia y esperanza a millones de víctimas de atrocidades inimaginables». «Intentos lamentables», dijo, de impedir a la Corte y a su personal el ejercicio de sus funciones judiciales independientes. Sanciones que «no solo no hacen nada para ayudar a los civiles atrapados en el conflicto» sino que «envalentonan a quienes creen que pueden actuar con impunidad».

El tribunal encontró «motivos razonables» de responsabilidad penal por parte de Netanyahu y Gallant por acciones que incluyen el crimen de inanición como un método de guerra en la ofensiva masiva en Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás. También emitió una orden de arresto contra un líder de la milicia islamista por presuntos crímenes de guerra en la Franja.

Las medidas punitivas, generalmente reservadas para funcionarios políticos adversarios de EE UU, no contra funcionarios judiciales, intensifican la presión sobre el cuerpo del TPI. Las sanciones de la administración Trump del jueves penalizan a cuatro jueces, todas mujeres, que además de la pesquisa sobre los crímenes en Gaza, responden a la investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán.

Como resultado, todos los activos de las cuatro juezas en EE UU quedarán bloqueados y serán reportados al Departamento del Tesoro. Las sanciones prohíben a los estadounidenses hacer negocios con las sancionadas, a quienes prohíbe su entrada en el país. Rubio hizo también un llamamiento a los Estados que «aún apoyan al TPI», muchos «cuya libertad se compró con el precio de los grandes sacrificios estadounidenses» a unirse a combatir el ataque ‘vergonzoso’ contra Washington y Tel Aviv.

Las magistradas

Las cuatro juezas, Solomy Balungi Bossa, de Uganda, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, de Benín, y Beti Hohler, de Eslovenia, fueron señaladas por estar «directamente involucradas» en los esfuerzos del TPI de «investigación, arresto, detenciones o procesamiento de ciudadanos de EE UU o Israel, sin el consentimiento de estos«, señaló el comunicado.

Las magistradas Beti Hohler y Reine Alapini-Gansou participaron en los procedimientos de las órdenes de arresto emitidas en noviembre a Netanyahu y Gallant. Bossa e Ibáñez Carranza emitieron fallos en una decisión de apelaciones que autorizó la investigación del tribunal sobre el personal estadounidense en Afganistán, una pesquisa que finalmente el TPI retiró. El fiscal Karim Khan anunció tras asumir el cargo en 2021 que no buscaría cargos por la tortura llevada a cabo por el ejército de EE UU y aliados en Afganistán y en los llamados sitios negros en otros países.

Las sanciones se producen en «conformidad» con una orden ejecutiva que Trump emitió en febrero sancionando al tribunal de La Haya por las órdenes de arresto. El Gobierno penalizó al fiscal jefe de la corte, por el caso contra Israel por su guerra en Gaza, penalizaciones que han minado el trabajo de su equipo judicial.

Ni Estados Unidos ni Israel son miembros signatarios del Estatuto de Roma ni reconocen la jurisdicción del TPI, cuyos esfuerzos judiciales han obstaculizado durante mucho tiempo. Sin embargo, casi todos los aliados occidentales de EE UU, así como Japón y Corea del Sur, la gran mayoría de América Latina y gran parte de África, forman parte del Estatuto y, al menos en teoría, están obligados a detener a sospechosos nombrados por La Haya cuando entran en suelo nacional.