Las familias deben evaluar desde este viernes los riesgos de las 2.246 trabajadoras domésticas

En La Rioja, la norma —cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones desde 2.451 hasta 9.830 euros— afecta a 2.246 trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social, según datos del Instituto de Estadística de La Rioja (RiojaStat). La cifra supone un descenso del 5,4% respecto al año anterior y refleja una evidente pérdida de empleo en el sector, que contaba con casi 2.900 empleadas en 2017. Actualmente, 1.482 trabajan en Logroño y 109 en Calahorra, aunque desde CC OO calculan que entre un 25% y un 30% del trabajo sigue siendo irregular.

El abogado laboralista Julián Olagaray considera que la medida es «una normalización necesaria» en un ámbito laboral históricamente relegado. «Tradicionalmente es un colectivo formado por mujeres que han sufrido condiciones en desigualdad frente a otros trabajadores del régimen general», explica.

Olagaray recuerda que, aunque muchos empleadores no sean empresarios, la ley no hace distinciones. «Eso no constituye ninguna excusa. Cuando uno ostenta la condición de empleador lo hace con todas las consecuencias. No puede haber una segunda categoría de trabajadores con menos derechos porque trabajen en el hogar. El empleador tiene que asumir esas obligaciones con total normalidad».

El jurista reconoce, sin embargo, que los abusos continúan. «Sigue habiendo contratación irregular, personas sin alta, horas extraordinarias no remuneradas y despidos que no se ajustan a la ley, que ya es más flexible que el régimen general. Y muchas veces, al ser trabajadoras extranjeras, se da por hecho que tienen menos protección laboral, cuando debería ser justo lo contrario», lamenta.

En La Rioja, entre enero y agosto de este año se han registrado siete accidentes laborales en este ámbito —seis leves y uno grave—, según datos del Gobierno de La Rioja, una cifra que, aunque reducida, demuestra que los riesgos existen. Para Olagaray, la clave está en que las familias entiendan que «el trabajo en el hogar también implica riesgos laborales reales», como caídas, cortes, sobreesfuerzos o exposición a productos químicos. «No es una cuestión burocrática, sino de garantizar unas condiciones básicas de seguridad», subraya.

El secretario general de CCOO del Hábitat en La Rioja, Javier García Carlos, coincide en que esta nueva medida supone «un avance largamente esperado». «Es otro pasito más que ya se tenía que haber dado hace muchos años. Las empleadas del hogar deberían ser trabajadoras normales y corrientes del Régimen General, pero por fin entran en la Ley de Prevención de Riesgos, que existe desde 1995 y de la que siempre habían quedado fuera», destaca.

El sindicalista advierte de las limitaciones prácticas de la norma. «El papel lo aguanta todo. Yo puedo decir que en mi casa está perfectamente y nadie va a poder comprobarlo, porque la inspección no puede entrar en un domicilio. Aun así, es una herramienta de sensibilización», señala García Carlos, como Olagaray, rechaza la habitual defensa del desconocimiento por algunos empleadores. «Dar de alta a una empleada de hogar es muy fácil: vas a la Seguridad Social y te ayudan. Quien dice ‘no lo sabía’ miente. No es falta de información, es falta de voluntad», sostiene.

Desde la plataforma sindical también reclaman que se desarrolle el chequeo médico gratuito previsto en la ley, que permitiría a las trabajadoras someterse a un reconocimiento de salud cada tres años. «No pedimos que los empleadores contraten mutuas privadas, sino que estos reconocimientos se hagan por la Seguridad Social. Todo lo que sea público y accesible es mejor», defiende García Carlos.

Tanto el abogado como el sindicato coinciden en que el gran reto ahora es la concienciación. «Esta ley no solo obliga a las familias, también dignifica el trabajo doméstico», concluye Olagaray.