El Tribunal Supremo celebró ayer la primera sesión del juicio al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos, por el que le reclaman … hasta seis años de prisión y 12 más de inhabilitación, en el marco de la causa por fraude tributario abierta al novio de Isabel Díaz Ayuso. La escena de Álvaro García Ortiz sentado en los estrados de la sala de vistas, vestido con la toga tras haber llegado solo a la sede judicial en su vehículo oficial, ya es historia de la justicia española. Es el primer jefe del Ministerio Público en ejercicio sentado en un banquillo. El máximo responsable de los 2.800 fiscales de la carrera y quien encabeza la institución garante de la legalidad sometido al escrutinio de siete magistrados de lo Penal. Y su única respuesta hasta ahora -su declaración está prevista para el 12 de noviembre- fue un sonoro «no» a la pregunta concreta del presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, sobre si asumía los escritos de las acusaciones.
La jornada inaugural exhibió las tensiones propias de todos los actores en liza y los reproches cruzados entre dos fiscales subordinadas de García Ortiz, quienes evidenciaron las fracturas personales en la jefatura de Madrid. Unas diferencias mostradas durante la fase de las cuestiones previas y en las primeras testificales, que dieron el pistoletazo de salida al juicio.
Por una parte está la Abogacía del Estado, en defensa de García Ortiz, y la Fiscalía del Supremo sosteniendo con vehemencia la absolución del procesado. También detallaron la ristra de presuntas vulneraciones de derechos fundamentales que se habrían producido durante la instrucción, y que la sala anunció que resolverá en sentencia. Del otro lado, la defensa del querellante, Alberto González Amador, y los abogados de las acusaciones populares personadas, que se afanaron en sostener la autoría del encausado en la filtración del correo entre el abogado de la pareja de Ayuso, en busca de un pacto, y el fiscal encargado del caso, Julián Salto.
Un García Ortiz con rictus serio asistió impasible a la intervención de los abogados y los primeros testigos, subordinados suyos. Más de ocho horas de vista, que sigue hoy con la presencia de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, y el propio González Amador.
El primero de los 40 testigos en comparecer fue el fiscal Salto, clave en la negociación con el letrado de la pareja de Ayuso. El integrante de la unidad de delitos económicos declaró dos cosas relevantes: que sus superiores conocieron por él el 12 de marzo de 2024, un día antes de la presunta revelación del correo por parte del fiscal general, el ofrecimiento del abogado de González Amador para reconocer los delitos fiscales a cambio de evitar la prisión. Y, en segundo lugar, que le transmitieron la urgencia de García Ortiz en reportar todos los correos de la negociación para elaborar una nota de prensa que desmintiera determinadas informaciones publicadas que no eran veraces. Una petición que vio con normalidad: «Fue legal, me dijeron que el interés del caso era la relación de González Amador con la presidenta de Madrid», afirmó.
«¿Has filtrado los correos?»
Su jefa en la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que llegó a estar investigada también, aseguró al tribunal que «no hubo clandestinidad» al rendir cuentas a sus superiores sobre los ’emails’ que fueron revelados a la prensa y por lo que se acusa a García Ortiz. Pero sobre todo si algo quedó claro de su testifical fueron sus diferencias con la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, a la que achacó el «exabrupto» de la filtración que señala a su jefe máximo.
Rodríguez también expresó su sorpresa por que desde el día 7 de marzo de 2024, seis días antes de la presunta revelación del correo, su colega Lastra no sacó ningún comunicado sobre la denuncia presentada contra González Amador por delitos fiscales cuando ellas ya conocían la relación con Ayuso y, por lo tanto, no se trataba de un ciudadano cualquiera.
En el caso de Lastra, que se presentó como teórico testigo de cargo contra el fiscal general, reiteró que le preguntó a García Ortiz el 14 de marzo siguiente sobre la filtración de los correos la noche anterior: «Me llamó y cuando descolgué, antes de darle incluso los buenos día, le espeté: ‘¿Has filtrado los correos?’», a lo que éste respondió: «Eso ahora no importa, hay que sacar ya la nota» para desmentir el «bulo» de Miguel Ángel Rodríguez que atribuía el ofrecimiento de pacto a la Fiscalía cuando partía del investigado.
De forma previa, la defensa de García Ortiz, ejercida por la abogada del Estado Consuelo Castro, cargó contra «las irregularidades cometidas en la instrucción» por el magistrado del Supremo Ángel Hurtado, a quien recriminó haber actuado con «la idea preconcebida de que el fiscal general era culpable» buscando únicamente «pruebas incriminatorias». «Mucha queja abstracta y ninguna concreta», respondió en su turno el abogado del querellante, Gabriel Rodríguez Ramos.
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