La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado la libertad provisional del exsecretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Rajoy, Francisco … Martínez, que estaba en prisión desde el pasado 29 de mayo en el marco de la llamada ‘operación Borraska’. La magistrada adoptó esta decisión una vez que el fiscal ha solicitado este jueves su excarcelación, después de que la Comisaría General de Información de la Policía Nacional haya confirmado que las pruebas que de él dependían están aseguradas. Desaparecido el riesgo de destrucción o alteración de indicios materiales que motivó su ingreso en la cárcel, procede ahora acordar su puesta en libertad.
Martínez, quien fuera número dos del Ministerio del Interior entre 2013 y 2016, está acusado de los delitos de intrusismo informático, descubrimiento de secretos, organización criminal y blanqueo de capitales, según han confirmado fuentes jurídicas. El exdiputado nacional, que cumplió recientemente 50 años, un día antes de su detención, está procesado además en otra causa que se sigue en otro juzgado de la Audiencia Nacional. En concreto, por su presunta participación en la ‘operación Kitchen’, una rama del ‘caso Villarejo’ sobre el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas, extesorero nacional del PP, y su familia. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel por delitos de encubrimiento, malversación de caudales públicos y contra la intimidad.
El que fuera mano derecha del ministro Jorge Fernández en Interior fue arrestado junto al joven hacker reincidente José Luis Huertas, alias ‘Alcasec’, y su socio Adrián Molina. Mientras que el cuarto investigado, el youtuber Álvaro Martín, alias ‘Valyrio’, fue detenido en Andorra y se ha solicitado su extradición para que responda ante el juzgado central. En estos casos se valoró para su ingreso en prisión preventiva, además del riesgo de destruir pruebas, la posibilidad de fuga.
Fuentes jurídicas explicaron que Francisco Martínez relató a la juez sus vínculos con Alcasec, quien está procesado en otra causa por el hackeo de la base de datos de la Administración de Justicia, por lo que le piden tres años de prisión al aplicarle la atenuante muy cualificada de colaboración. Martínez señaló que fue abogado del joven cuando tuvo un conflicto judicial siendo menor, y que su intención ha sido siempre ayudarle tanto en el terreno personal como en el profesional.
En este punto, declaró, le facilitó entrar en entornos profesionales y a crear dos empresas, de las que dijo no saber su evolución ni la finalidad que le dio su cliente. Y negó que se enriqueciera de dato alguno al que haya podido acceder. Del mismo modo, detalló que en el marco del asesoramiento legal que dio al informático éste estaba al parecer desarrollando un buscador que organiza con Inteligencia Artificial (IA) los datos de fuentes abiertas en internet. Alcasec le facilitó luego el acceso a Martínez, según éste, para que lo probase y en su experiencia no vio nada anormal, pues son datos que se pueden obtener en cualquier web comercial mercantil de pago.
Ciberataques
Tras las detenciones y los registros efectuados, la Policía Nacional informó de que la ‘operación Borraska’ se inició en 2024 tras detectarse una serie de ciberataques sistemáticos y sostenidos en el tiempo contra infraestructuras informáticas de organismos públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas.
“La red había desarrollado una plataforma tecnológica integrada que permitía almacenar, indexar y comercializar datos segmentados, individualizados y vinculados a personas físicas, entidades jurídicas y operaciones institucionales”, apuntaban los agentes en la nota. Esta capacidad, añadían, “les permitía elaborar perfiles completos, cruzar información en tiempo real y ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros, que accedían a través de un bot cifrado en una conocida red social”.
Toda la operativa, sostiene la Policía, “estaba alojada en servidores distribuidos en la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. Los investigadores aseguran que “la estructura criminal operaba como una auténtica red de inteligencia privada, con funciones claramente diferenciadas”. Entre las mismas se encontraban la administración tecnológica, el desarrollo de herramientas de anonimato, la gestión financiera a través de criptoactivos, el asesoramiento jurídico, la expansión internacional y la comercialización en mercados oscuros.
“Uno de los miembros desempeñaba un rol clave en esta internacionalización, ampliando las operaciones a terceros países mediante contactos profesionales consolidados”, añadía la nota. La red habría instrumentalizado “sus relaciones personales y profesionales para presentarse como un entorno legítimo de asesoramiento tecnológico, blanqueando su operativa mediante estructuras societarias y servicios de consultoría que facilitaban su inserción en entornos económicos e institucionales”.
Enlace de origen : La jueza excarcela al ex número dos de Interior con Rajoy vinculado a la trama de un hacker