El Gobierno no se apea de la defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo lo citara este lunes para interrogarlo como imputado el próximo 29 de enero al encontrar indicios de que actuó su departamento podría haber … actuado en connivencia con Moncloa para utilizar información confidencial del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con una «clara finalidad política». La ministra portavoz, Pilar Alegría, cuestionó este martes la decisión del juez Ángel Hurtado de tomarle declaración con el argumento de que «no hay ninguna prueba concreta» que lo señale como responsable de la filtración del correo electrónico en el que Alberto González Amador reconocía haber cometido varios delitos fiscales en un intento de alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía.
Alegría evitó hablar específicamente de prevaricación y aseguró que el Ejecutivo mantiene su «confianza» en la Justicia. Pero en su habitual comparecencia semanal en la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, puso en solfa el último auto del magistrado no solo en lo que afecta al máximo responsable del Ministerio Público sino también en lo que respecta al señalamiento a la Moncloa. «Las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios y aquí -dijo- no los hay». La ministra tildó incluso de «elucubraciones» el razonamiento del juez y dejó claro que el Ejecutivo se mantendrá en su defensa de García Ortiz incluso en el caso de que tras su declaración, el próximo 29 de enero, llegue a abrírsele juicio oral.
«El origen del delito -apuntó, insistiendo en la línea argumental que el Gobierno ha mantenido desde el primer día en este asunto- está donde está y está en la pareja de la señora Ayuso. Por cierto, hace ya un año que conocimos que ha cometido dos delitos fiscales y a estas altura, que sepamos, ni ha declarada». Alegría cargó además contra el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodriguez, y alegó que en su declaración la semana pasada dejó al descubierto la cantidad de «bulos y mentiras» utilizados para defender al novio de su jefa.
Reconstruir whatapps
Entre tanto, el instructor Ángel Luis Hurtado, ajeno a las andanadas de este martes desde Moncloa, se centra ya en tener a sus disposición la mayor información posible encima de su mesa antes del crucial y primer interrogatorio como imputado de un fiscal general el próximo miércoles 29 a las 10:00 horas de la mañana.
Hurtado, sabedor de la trascendencia de esa jornada, confía en que la declaración de los de los testigos claves de este caso arroje este jueves algo de luz sobre ese intercambio de whatsapps que ha desaparecido del móvil de Álvaro García Ortiz, quien además de borrar cambió de terminal el 23 de octubre cuando ya estaba encausado por el Supremo. E igualmente sobre las maniobras de éste con sus subordinados entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 cuando se gestaron y tuvieron lugar las filtraciones sobre la investigación del fiscal Julián Salto a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, por los dos delitos fiscales en los ejercicios de 2020 y 2021.
Esos testigos claves son el propio Salto, que siempre ha sostenido que la idea de un pacto nunca surgió de su parte como sostiene el entorno de Ayuso, y la fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, quien en un principio se negó a distribuir la nota aclaratoria la mañana del 14 de marzo desmintiendo el bulo de que había sido la Fiscalía la que había propuesto un pacto y luego accedió a distribuir al recibir una orden directa por parte del fiscal general.
La intención del instructor es no repetir en el interrogatorio de ambos en su día ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que entonces estuvo centrado en la supuesta revelación de datos en la nota de prensa, una tesis que ha descartado el Supremo, que solo investiga ahora la filtración del correo entre Salto y el abogado de González Amador del 2 de febrero en el que el letrado Carlos Neira reconocía los dos delitos de su cliente.
Sobre Julián Salto –explica el juez- «ahora es necesario oírle como testigo ya que su testimonio fue de relevancia para la decisión que tomó el instructor del TSJM» de remitir las actuaciones al Supremo y «se comprometió a aportar correos sobre los que prestó declaración», algo que ya ha hecho. .
Sobre la citación como testigo de Lastra, el instructor sostiene que «conviene que aporte información en relación con el intercambio de mensajes que mantuvo con el fiscal general, así como valorar el ofrecimiento que hizo para el volcado de los correos electrónicos y whatsapps que mantuvo con la fiscalía General del Estado».
Tanto Lastra, como Salto, que en su momento estuvo imputado pero ya no lo están, están en el centro de la avalancha de llamadas y mensajes que se cruzaron los responsables de la Fiscalía en los días de la filtración y en particular los tres imputados en el Supremo: el propio fiscal general, Pilar Rodríguez, jefa de la fiscalía provincial de Madrid, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez.
Copia de la denuncia
Julián Salto envió el 12 de marzo a las 9:23 copia de la denuncia al abogado de González Amador, cuando tres horas y media antes se había publicado ya en los medios la noticia de la acusación contra el novio de Ayuso. Al día siguiente, cuando la Fiscalía General ordenó desmentir que el pacto de había surgido de Fiscalía, la imputada Rodríguez «se comunica» con Salto en dos ocasiones (a las 21:39 horas y a cuatro minutos después). «Por la sucesión de hechos que se producen a continuación se colige que esta llamada tiene como motivación que Salto facilite los correos cruzados con el abogado de González Amador», apuntó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid Salto ya dijo que tanto Lastra como Pilar Rodríguez le llamaron el 13 de marzo por la noche mientras estaba viendo en un el estadio un partido de Champions para preguntar por esa denuncia en concreto, pero que no lo consideró en modo alguno irregular.
Enlace de origen : El Gobierno acusa al Supremo de imputar al fiscal general y señalar a Moncloa sin «ninguna prueba»